Viviendas ociosas y mercado de alquileres
Políticas Urbanas 3 julio, 2018 0

Viviendas ociosas y mercado de alquileres

Dra. Arq. Rosa Aboy –  Publicado el 3 de julio de 2018

Según el Censo de 2010, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contaba con 1.423.973 viviendas. Si consideramos que la población total censada en la ciudad era de algo menos de 3 millones de habitantes, la proporción que surge es la de una vivienda cada dos habitantes. Sin embargo, los promedios, como bien sabe cualquier investigador, pueden inducir a error, pues su aparente equilibrio oculta una gran diversidad que va desde la existencia de viviendas vacías, o subocupadas, a otras en condiciones de hacinamiento o en las cuales el grado de deterioro impide la práctica de las funciones básicas de habitar.

Una de las distorsiones es introducida por la gran cantidad de unidades de vivienda vacías, que sus dueños poseen como activos para inversión, sin función habitacional alguna. Recientemente, la prensa se ha hecho eco de la propuesta presentada al Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y al titular del IVC, Luis Maquieyra, por la Mesa de alquileres, creada tras la sanción de la Ley 5.859, que eximió a los inquilinos del pago de la comisión a las inmobiliarias.

De la reunión, que tuvo lugar el pasado 18 de junio, participaron representantes del Colegio de Corredores Inmobiliarios, la Cámara Inmobiliaria, la Defensoría del Pueblo y también algunas ONG’s e Inquilinos Agrupados. Los representantes de la Mesa solicitaron “estudiar la situación actual de las viviendas ociosas para delinear programas con el objetivo de incorporarlas al mercado inmobiliario”, basados en la escasa oferta de alquileres en el mercado y el alto precio de los mismos por la escasez de la oferta.

El socialista Roy Cortina había presentado, meses atrás en la Legislatura Porteña, un proyecto en el mismo sentido. La posibilidad de incentivar el ingreso de estas unidades al mercado había aparecido también, el año pasado, en oportunidad de la discusión sobre la reforma de la ley de alquileres. El tema es relevante puesto que, según un informe especial de la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires publicado en septiembre de 2015, el 40% de los porteños es inquilino u ocupante de sus viviendas.

El trabajo de la Defensoría, que aborda la problemática del déficit habitacional en la Ciudad de Buenos Aires, desde una perspectiva que incorpora tanto la dimensión cuantitativa como la cualitativa, arrojó cifras interesantes. Gracias al trabajo realizado, puede saberse que el 5% del total de las viviendas presenta condiciones habitacionales deficitarias y que el 6% de la población total de la Ciudad vive en villas, asentamientos informales y núcleos habitacionales transitorios, lo que equivale a aproximadamente 200 mil personas, en su mayoría ubicados en la zona sur. En contraposición con el déficit, se estima que más de 65.000 viviendas en condiciones de ser habitadas, se encuentran vacías. Finalmente, el trabajo estimaba en alrededor del 17% la magnitud del déficit habitacional en la Ciudad de Buenos Aires, de lo que se desprende que aproximadamente 480.000 personas habrían sufrido, en 2015, problemas de vivienda. La mayor parte del déficit, así como el mayor porcentaje de hacinamiento, corresponden a la zona sur de la CABA.

El 6% de la población total de la Ciudad vive en villas, asentamientos informales y núcleos habitacionales transitorios, lo que equivale a aproximadamente 200 mil personas, en su mayoría ubicados en la zona sur.

A la luz de estas cifras y porcentajes, la iniciativa de promover el alquiler de los inmuebles deshabitados, a través de políticas públicas, resulta interesante y podría inyectar algunas unidades en el mercado, aunque resulta insuficiente para mejorar sustantivamente la oferta de unidades para alquiler. Esto se debe principalmente a dos razones. La primera es que en muchos casos, la demanda insatisfecha de alquileres corresponde a los sectores medios y medio bajos de la sociedad, mientras que la mayor parte de los inmuebles ociosos son de gama media o media alta, pues son los sectores sociales más favorecidos quienes pueden tener sus departamentos vacíos como resguardo de capital. Es decir que las unidades que puedan inyectarse al mercado no necesariamente serán aquellos cuya renta puedan afrontar las familias con mayor demanda insatisfecha.

En segundo lugar, y en relación con la primera razón expuesta, está el tema de la localización de los inmuebles ociosos. Al ser una reserva de capital y potencial fuente de liquidez, a través de la venta por sus propietarios, estas viviendas suelen localizarse en los barrios del norte de la ciudad. Belgrano, Nuñez, Palermo, Recoleta y Puerto Madero son los barrios con mayor cantidad de viviendas ociosas y con valores más altos por metro cuadrado. Por esta razón, el ingreso de estas unidades en el mercado no soluciona una demanda que parece extendida en los diferentes barrios y comunas porteñas, con especial intensidad en la zona sur.

Las leyes e iniciativas de políticas públicas orientadas a ampliar y democratizar el mercado de alquileres, que abastece de vivienda al 40% de los porteños, son herramientas necesarias. En ese espíritu se orienta la iniciativa de gravar los inmuebles ociosos. Para complementar esas iniciativas y ampliar el mercado de alquileres sería necesario elaborar no solo una, sino un conjunto de políticas específicas que teniendo en el centro a la política de alquileres, debería configurar un verdadero sistema con varias caras o aristas de las políticas urbanas: habitacional, de desarrollo económico y como política de patrimonio urbano.

Algunos barrios del centro de la Ciudad de Buenos Aires, como Montserrat, San Nicolás o San Cristóbal, entre otros, cumplen con tres parámetros urbanísticos que los vuelven potencialmente atractivos para dar vivienda en alquiler a una población de jóvenes estudiantes, profesionales o empleados de las clases medias. Estos barrios tienen una excelente conectividad a través de la infraestructura de transportes (metrobus, subterráneos, bicisendas, colectivos y cercanía a estaciones de tren), además tienen una buena infraestructura de consumos culturales, gastronómicos y de entretenimiento (están cerca de cines, salas de espectáculos, cafés, centros culturales, casas de estudio, etc.) y finalmente, cuentan con una gran cantidad de edificios de departamentos de muy buen proyecto y excelente calidad constructiva, pero en condiciones de mantenimiento deficiente.

La ciudad podría implementar, en zonas específicas, políticas de fomento para el alquiler orientadas al segmento de los jóvenes, económicamente activos y pertenecientes a los sectores medios, otorgando créditos a los propietarios para la puesta en valor de los edificios. Esto ampliaría el mercado de alquileres hacia zonas donde los valores son más accesibles que los de los barrios del norte de la ciudad.

La ciudad podría implementar políticas de fomento para el alquiler orientadas al segmento de los jóvenes, económicamente activos y pertenecientes a los sectores medios.

En segundo lugar, desde el punto de vista de la economía urbana, habría un mayor aprovechamiento de la capacidad instalada, puesto que la infraestructura de transportes y el equipamiento comercial y gastronómico, en estos barrios, está subutilizada durante los fines de semana y en horas no laborables. En tercer lugar, una masa crítica de habitantes de clase media permitiría comenzar a revertir la tendencia a la gentrificación del centro de la ciudad, fomentando la función residencial en el área central, que ha sufrido un desplazamiento de la vivienda desde hace décadas.

Finalmente, la revitalización del centro y el inicio de un proceso público-privado de puesta en valor de la excelente arquitectura de casas de renta que puebla sus calles, materializaría una alianza virtuosa y necesaria entre políticas de vivienda, desarrollo económico y patrimonio urbano. Los problemas de déficit habitacional son complejos y multideterminados en sus causas y por eso, el desafío es el de construir soluciones creativas que, empleando diferentes herramientas, apunten a la convergencia en la solución del problema de la escasez de oferta de alquileres y paralelamente, redunden en un beneficio económico, cultural y ambiental para la ciudad y todos sus habitantes.

Urbanización con Justicia Social: el Distrito Deportivo y la Villa Olímpica en la Comuna 8
Políticas Urbanas 11 mayo, 2018 0

Urbanización con Justicia Social: el Distrito Deportivo y la Villa Olímpica en la Comuna 8

Por Claudio Hernán Pandolfi – Publicada el 11 de mayo de 2018

Introducción

El plan maestro para la Comuna 8, incluye lo que el gobierno ha llamado “el distrito del deporte”. El mismo establece una zona de “promoción de las actividades de la producción e industria deportiva”, creado en diciembre de 2014 por ley 5235, la cual otorga beneficios fiscales “para aquellas empresas de servicios orientados al deporte como así constructores y desarrolladores”.

No resulta casual la ausencia del factor humano como integrante del proyecto del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para la comuna y con motivo de realizarse la presentación de la mencionada ley -en el mirador de la torre del Parque de la Ciudad- Carlos Pirovano, el responsable del Centro de Atención al Inversor (CAI) que depende de la Subsecretaría de Inversiones del Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad, destacó que: “todos aquellos que decidan mudarse a la Comuna 8 para desarrollar su actividad, no pagaran ABL ni Ingresos Brutos durante los primeros 20 años, tampoco impuesto al sello en la compra, venta o alquiler de inmuebles”.

Estas decisiones son bien recibidas por los mercados afines a la venta de artículos deportivos, dado que además de lo descripto “el Banco Ciudad otorgará créditos con tasa diferencial”.

Las nuevas inversiones inmobiliarias pueden maquillar la decadencia de una comuna olvidada durante años, pero no resuelven de modo alguno los problemas que la mantienen en un escalón de desigualdad respecto del resto de la Ciudad. Seguir esta lógica, significaría que la comuna continúe atada a la suerte de la construcción de complejos edilicio-habitacionales, sin resolver los problemas de las personas que en él habitan, dejando de lado la elaboración y puesta  en práctica de políticas orientadas hacia los sectores más vulnerables.

Antecedentes Históricos: El fracaso de la “Comuna Deportiva”

La cesión de terrenos a entidades deportivas realizada durante la década del 70 siguió la misma lógica: Club Italiano (de destacado prestigio en el corazón del barrio de Caballito); Argentinos Juniors de la Paternal; y posteriormente, el Club deportivo Delfo Cabrera (PFA), entre otros. Estas se erigen como entidades que actúan en forma autónoma con sus asociados y de ninguna manera se encuentran ligadas históricamente con el barrio, su historia y su gente. La integración urbana es nula y más aún, han generado consecuencias graves con el paso del tiempo que demostraron la mala praxis estatal en que se incurre cuando la dinámica económica que impone el mercado, consolida a través del tiempo problemas dominiales y fiscales en la utilización de esa tierra.

Quizás por eso, la ciudad deportiva del Club San Lorenzo de Almagro en esa área tuvo su nacimiento, apogeo -construcción del estadio oficial en el año 1993- pero sin embargo, hoy  se encuentra en la lucha de sus socios y la fase de culminación de ese proceso es volver al barrio de sus orígenes: Boedo.

Otra realidad la muestran los únicos reductos para la competición del deporte más importante para los argentinos como es el futbol, ya que sólo existen dos espacios accesibles: La Liga del Club Pintitas y La famosa Liga de Flores. Ambos proyectos deportivos siguen la lógica del mercado en cuanto al costo de inscripción y de participación que resulta elevado para la clase media que vive en sus alrededores, convirtiéndose en una utopía para los habitantes de los barrios más vulnerables. Por su parte no existe plan para los clubes de barrio, tal es el caso del Club Atlético Lugano teniendo su estadio oficial en Tapiales, fuera de la comuna y la ciudad, lejos de la sede social, la cual se encuentra en el casco histórico del barrio adyacente a la estación de tren.

De esta forma se consolida la expresión más pura del sistema económico que finalmente culminó en los 90 y que fue bien denominada “lógica de extracción”art en el sentido que Sasskia Sassen[1] desarrolla en su teoría respecto a la transformación fundamental del capital que se ha producido desde los años 80 y 90 como resultado de la desregulación y privatización de la economía global. La autora señala este proceso como un cambio de la valoración de las personas como consumidores a la extracción de valor a través de una proliferación de instrumentos complejos. De esta forma, el uso del suelo se convierte en un valor de cambio para ser destinado a un conjunto seleccionado de individuos que poco o nada tienen que ver con la comuna.

Mientras tanto, en barrios contiguos a dichos emprendimientos los reclamos por la adecuación de servicios continúan, como por ejemplo la situación del Barrio Ramón Carrillo[2],  el cual tiene un recurso de amparo judicial contra el Gobierno local en etapa de ejecución de sentencia ante el incumplimiento sistemático a lo largo de más de una década.

Hasta este momento, la realidad contrasta con lo propuesto por el constituyente respecto del objetivo de reducir las desigualdades dentro del territorio de la ciudad.

Realizar el llamado “desarrollo local” con modelos como el del estadio de tenis “Mary Terán de Weiss” (actualmente en proceso de remodelación) y en el pasado, la concesión del campo de golf lindero al centro
comercial Parque Brown (comúnmente llamado “Jumbo”) no sirve.

Estos proyectos vienen a ser compartimentos estancos para uso exclusivo de las clases acomodadas de la Ciudad de Buenos Aires para que puedan ver un deporte en ocasión de torneos internacionales, algún tipo de espectáculo con industria de entretenimiento o para que jueguen golf en determinadas situaciones, ya que cuenta con una cancha de 18 hoyos para una escasa densidad humana en el uso deportivo. No debemos pasar por alto la contradicción latente entre los litros de agua diariamente destinados a mantener el verde césped cuidado del “Green”[3] y por el otro lado, sólo cruzando la Avenida Cruz en la villa 20, ver a la gran cantidad de familias[4] que no disponen la regularidad y formalidad[5] respecto a un servicio tan esencial como es el agua potable. Las consecuencias para la vida cotidiana de sus habitantes son de fuerte impacto.[6]

Lo mismo ocurre con el hogar de la Copa Davis en Argentina (actualmente en proceso de remodelación a fin de colocar un techo al estadio), dado que la mayoría de los habitantes de la comuna lo miraban por TV, ahora con la nueva política comercial de las compañías de cable todo es previo pago, pero a no preocuparse, ya que seguramente sea una suma menor al precio de las entradas al partido, el cual se ubicó entre los 100 y 243 dólares por partido jugado. Entonces cabe preguntarse: ¿Cuántos de los casi 200.000 habitantes de la comuna utilizan esos espacios concesionados donde el uso del suelo se encuentra sujeto a las condiciones y valores que establece el mercado?. Estos ejemplos muestran que la planificación en el sur de Buenos Aires responde a un enfoque económico y si se quiere geográfico, pero no urbano.

El Icono comunal no es de acceso público: La torre del Parque de la Ciudad

Torre de la Ciudad

Quienes pasamos los 30 años de vida, solemos recordar la que supo ser la torre más alta de Sudamérica como un símbolo de la “modernidad” con un tinte futurista que la década del 80 nos regaló por ese entonces. Actualmente su ingreso se encuentra tarifado, al igual que el planetario. La ciudad autosuficiente con registro civil, comercios y hasta un banco, que representaba el complejo habitacional Gral. Savio- , hoy y luego de los años 90, algunos seguimos soñando con mantener esos iconos comunales para que los habitantes sepan cómo llegó ahí, ¿Que significó que una torre fabricada en Austria haya sido colocada en ese lugar, en el año 1979? que todos sepan que desde su mirador se pueden observar las costas de Uruguay.

Próximamente la torre pasará a ser parte del logo de los juegos olímpicos para la juventud, una estructura remodelada para la venta y se estima la construcción de aproximadamente 1500 viviendas, que luego serán vendidas, pero de ese total solamente el 10% será destinado en prioridad a los habitantes de la comuna en cuestión.[7] En definitiva, parte de la escenografía del proyecto inmobiliario que quitó espacios verdes a la comuna que se caracterizaba justamente por tener la mayor cantidad de espacios verdes: ¿Qué otra cosa que homogeneizar, resultan todas estas intervenciones por parte del ejecutivo comunal? ¿Por qué no poner en primer lugar la Constitución de CABA y respetar aunque sea en parte su articulado?.

La celebración de los Juegos Olímpicos de la Juventud el próximo año que implica una inversión multimillonaria, resulta incongruente con la realidad, por ejemplo respecto de las carencias de servicios básicos como la salud. Tal es el caso del CESAC Nº3, las deficiencias del mismo han derivado en una sentencia judicial, que ordenó la provisión de una ambulancia las 24 hs. y equipamiento para el único centro de atención primaria que funciona en Lugano 1 y 2, donde en el mes de noviembre y diciembre, por falta de atención médica han fallecido en la puerta misma del centro asistencial, a la vista de vecinos y personal policial,  Martín Firma Paz y Eduardo Galeano.

La segregación en el uso y la producción del espacio y la segmentación tal como se viene realizando, tendrán consecuencias graves: la falta de la participación de los vecinos en el diseño de esta política urbana guiada por el capital financiero aumentarán las desigualdades que existen actualmente. Los contrastes serán cada vez más acentuados.

[1] Saskia Sassen (La Haya, Países Bajos, 1949) creadora del concepto “Ciudad Global” es profesora de la Columbia University de Nueva York, Socióloga y Escritora. En 2013 obtuvo el Premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales. en sus numerosas obras deja en claro su teoría de que lo global y lo nacional no son conceptos excluyentes y que, como consecuencia de la globalización, territorio, autoridad y derechos no siempre coinciden con los espacios nacionales y menos aún con los intereses comunales.

[2] En el año 2005, los vecinos no tuvieron más remedio que iniciar un amparo judicial ante el Fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad a fin de que se cumpla la ley 1333. La mencionada ley había declarado la emergencia ambiental y de infraestructura del Barrio Ramón Carrillo y Lacarra (Carrillo II) ordenando al GCABA la adecuación de los servicios públicos y la realización de un informe toxicológico y ambiental. Tras 5 años de incumplimiento judicial, en 2010 el juez interviniente hizo lugar al amparo y luego en 2013 la Cámara CAyT confirmó dicho pronunciamiento en favor de los vecinos. Al día de la fecha y habiendo transcurrido más de 12 años de incumplimiento por parte del ejecutivo porteño, el amparo se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, en trámite ante el Juzgado N º11 CAyT a cargo de la Dra. Paola Cabezas Cescato.

[3] Los campos de golf usan cantidades enormes de fertilizantes, funguicidas, herbicidas, y pesticidas, hasta tal punto que en EEUU, patria del golf, el 25% de los plaguicidas se usan, no para la agricultura, sino para campos de golf, jardines y parques.( Riechmann, 2003). Todos estos agro tóxicos irían a parar a los acuíferos y finalmente a los arroyos que desembocan a la cuenca matanza riachuelo, con las implicancias y el estado actual de la causa Mendoza en la cual interviene el Estado Nacional, El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ACUMAR.

[4] Los últimos datos censales disponibles registran que en la Ciudad de Buenos Aires al año 2010, residían en villas 53.856 hogares en 38.983 viviendas, la población total ascendía a 182.215 personas. En términos de distribución de la población, el 13,3% de la población (24.268 habitantes) en villas de CABA corresponde a Villa 20, un 8,7% (15.836 habitantes). Fuente: Observatorio de la Deuda Social Argentina. http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo68/files/2017-Observatorio-Informes_Defensoria-CABA-24-10-VF.pdf

[5] “Esto implica que el 78% de hogares de la Ciudad que no tienen descarga adecuada para la limpieza del inodoro y más de la mitad de los que no tienen cloacas se encuentran en asentamientos, villas o NHT. El 40% de los que tienen por lo menos un déficit de servicios residen en algún asentamiento de tipo precario. También están localizados en estos territorios más del 60% de los hogares en viviendas irrecuperables por su materialidad y más de un tercio de los que viven en situación de hacinamiento crítico.” Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos de la CABA, https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2015/05/ir_2015_856.pdf

[6] “Los vecinos se levantan a la madrugada para cargar los tanques, cuando hay más presión. También juntan agua en tachos, baldes y palanganas, generando las condiciones ideales para el dengue. En el barrio ya se confirmaron 80 casos: Marcos se contagió un mes atrás.”.Fuente: Diario La Nación, 24 de Marzo de 2016 https://www.lanacion.com.ar/1882805-casi-el-10-de-los-portenos-no-tiene-acceso-al-agua-potable.

[7]  ”Este conjunto de mejoras sirve para satisfacer las demandas de un nuevo tipo de vecinos con mayor nivel adquisitivo e influencia política, pero que no encuentran espacios residenciales en el resto de los distritos de una ciudad donde el precio de la vivienda crece incesantemente”, así lo explican Daniel Sorando y Álvaro Ardua en el libro “First we take Manhattan, la destrucción creativa de las ciudades”. Ed. Catarata, Madrid. 2016.

Un nuevo Código Urbanístico para Buenos Aires
Políticas Urbanas 8 mayo, 2018 0

Un nuevo Código Urbanístico para Buenos Aires

Por Dra. Arq. Rosa Aboy* – Publicado el 8 de mayo de 2018

La sanción de un Nuevo Código Urbanístico, impulsada por el gobierno porteño, propone un nuevo marco normativo para la Ciudad. El Proyecto, presentado ante la Comisión de Planeamiento de la Legislatura el 23 de marzo, promueve una ciudad con alturas más parejas, más compacta y con más habitantes. Se propone un cambio en el modelo de ciudad, que desalienta, salvo en localizaciones específicas, la construcción de torres.

A diferencia del Código de Planeamiento Urbano vigente, no usa fórmulas matemáticas para calcular la constructibilidad de las parcelas, sino que establece alturas máximas, distinguiendo distritos de baja, media y alta densidad. Las mayores alturas estarán sobre las avenidas, donde los corredores altos tendrán 38 metros, es decir, planta baja y 11 pisos. En los distritos de media densidad la altura será 16 metros, equivalentes a planta baja y 4 pisos, y en los de densidad baja se podrá construir planta baja y hasta 2 pisos altos. Los edificios en torre se reservan para áreas específicas, sobre el Riachuelo.

Debido al impacto que un cambio normativo tendrá en la forma física de la ciudad y en la vida cotidiana de los ciudadanos, queremos destacar aciertos y críticas al proyecto que tratará la Legislatura. Entre los primeros, la iniciativa de prefigurar una ciudad de alturas más parejas, sin medianeras a la vista, y que a la vez mantenga la diversidad barrial, característica de Buenos Aires, es uno de los aciertos. En igual sentido, la idea de concentrar las mayores densidades sobre las avenidas y consolidar la planta baja con diversos usos, redunda en la generación de tejido urbano y social. Se fortalece así, el carácter peatonal de Buenos Aires, que a diferencia de otras urbes latinoamericanas, pensadas para el automóvil, es una ciudad de veredas habitadas, con una vida urbana dinámica. El proyecto apunta a consolidar una ciudad caminable y segura para los vecinos, que suprime las altas torres rodeadas de rejas.

La iniciativa de prefigurar una ciudad de alturas más parejas, sin medianeras a la vista, y que a la vez mantenga la diversidad barrial, característica de Buenos Aires, es uno de los aciertos

Del lado de las críticas, tres cuestiones nos parece que ameritan mayor discusión. En primer lugar, todo cambio de reglas en el mercado de la tierra urbana y los volúmenes edificables determinará que algunos resulten beneficiados y otros, desfavorecidos. Mientras que algunos terrenos y áreas resultarán valorizados, otros verán reducidas sus expectativas. El Estado puede, a través de instrumentos jurídicos como la captación de plusvalía y la transferencia de capacidad constructiva remanente, equilibrar potenciales desbalances, en beneficio de una ciudad más equitativa y plural. En tal sentido, sería necesario y oportuno que el nuevo Código Urbanístico se acompañe de leyes en esa dirección.
En segundo lugar, la Ciudad de Buenos Aires muestra una extraordinaria estabilidad demográfica. El Censo de 1947 arrojaba una población de 2.981.043 habitantes. El Censo 2010 registró 2.890.151. La población se ha mantenido constante a lo largo de siete décadas. Por otra parte, en la actualidad cerca del 25% de los inmuebles está deshabitado. No se entiende, entonces, sobre qué proyecciones sociales, demográficas y económicas, se imagina una ciudad más densa, que aumentaría en millones el número de residentes.

Sería necesario y oportuno que el nuevo Código Urbanístico se acompañe de leyes que aborden la captación de plusvalía y la transferencia de capacidad constructiva remanente para equilibrar potenciales desbalances en beneficio de una ciudad más equitativa y plural

En tercer lugar y conectado con lo anterior, la ciudad recibe diariamente el doble de sus habitantes, que viene a trabajar, estudiar y desarrollar actividades o consumir servicios, desde los 40 municipios metropolitanos. Para abastecer un incremento significativo de residentes, las infraestructuras de servicios públicos y la dotación de espacios verdes deberían ser drásticamente reformulados. ¿Dónde y cómo se localizarían esos espacios verdes y públicos en la ciudad? ¿Para cuántos habitantes imaginamos la ciudad? Una mirada metropolitana sobre la vivienda, el transporte, las infraestructuras, el espacio público y la sostenibilidad es imprescindible, frente al planteo de promover desde el Estado la densificación porteña. Finalmente, si Buenos Aires planea duplicar su población, ¿qué estrategias empleará para continuar siendo pluriclasista y no expulsar a los sectores postergados?
El desafío del cambio normativo es el de mantener y potenciar, en el mediano plazo, el carácter identitario que la ciudad construyó a lo largo de su historia: la reunión de sofisticación y espíritu igualitario, abierto a todos quienes quieran habitarla. En ese sentido, sería conveniente incorporar un porcentaje de vivienda social en los grandes proyectos de desarrollo, al modo de algunas ciudades europeas, como recurso integrador para evitar la segregación social.

 

La Dra. Arq. Rosa Aboy es Directora de Políticas Urbanas del Instituto i-ciudad y profesora Investigadora titular de la FADU – UBA