Por Marta Albamonte – Publicado el 26 de noviembre de 2018
El proyecto de presupuesto 2019 ya está en la Legislatura porteña para su análisis y debate. Es un proyecto que deberá ejecutarse en un año que presupone por lo menos 6 meses en los que la recesión y la desocupación se acentuarán y en el que, por lo tanto, las necesidades y demandas sociales, se incrementarán.
Contexto macroeconómico
Con 10 meses transcurridos de 2018, la inflación acumulada se acerca al 40%, con una tasa de crecimiento interanual que ronda el 45%. Este dato pone en evidencia que las proyecciones del presupuesto 2019, quedarán subestimadas. En efecto, los cálculos oficiales para 2019 indican que el nivel de precios crecerá aproximadamente 23,0%.
Por su parte, la desocupación, supera el promedio de todo el año 2017, con un 9,4% de desempleo registrado en el tercer trimestre de este año. De este modo puede inferirse que, o no se está considerando el efecto arrastre o se espera una caída en la actividad económica más fuerte del -0,5%, previsto en el proyecto, con recesión, y freno, por esta vía, en el crecimiento de los precios. Esta circunstancia permite inferir cierta inconsistencia en los parámetros macroeconómicos y mayor demanda social hacia el Estado.
Los ingresos como medida del estancamiento económico
Se estima un crecimiento de 26% en los ingresos en relación a lo que se espera percibir en 2018. El Impuesto sobre los Ingresos Brutos, que está relacionado con la actividad económica, se espera que aumente 28% incluidos los planes de facilidades. El Impuesto Inmobiliario y ABL, tendría un 38% más de recaudación a partir de la actualización de los valores constructivos. La composición de los ingresos tributarios es la que se muestra a continuación, a partir de la información oficial presentada en el Mensaje que acompaña al Proyecto de Presupuesto 2019.
El gráfico revela que el 80% de los recursos tributarios dependen, en gran medida de la actividad económica. No sólo el Impuesto sobre los Ingresos Brutos que es de recaudación propia, sino también la Coparticipación Federal de Impuestos, que se compone fundamentalmente de lo que el Estado Nacional recauda por IVA, Impuestos internos, Impuesto a las Ganancias. Todos vinculados al movimiento económico.
Si, como todo lo indica, la recesión continuará y se profundizará en los próximos meses, los recursos tributarios podrían verse afectados.
El Gasto Público restringido
En relación al gasto, éste es casi un 30% superior al que se pronostica ejecutar en 2018. En principio, si efectivamente es así, se estaría excediendo el límite establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal, a la cual la Ciudad adhiere. La composición por objeto del gasto es el que se muestra a continuación, sobre datos oficiales del proyecto de ley de presupuesto 2019:
Una característica del proyecto es que el año próximo los recursos asignados a la realización de obras públicas, de cumplirse, será el más bajo de la actual gestión, ubicándose en el 16%.
Es claro que, frente a recursos escasos, con recesión y desocupación creciente, se tendrá que apuntalar los programas que se dirigen a la atención a la demanda social. En este sentido, la función social, prevé un 25% más de ingresos asignados, respecto delo que se prevé ejecutar en 2018. La dimensión de la crisis, dará cuenta si estos recursos serán suficientes.
Por otro lado, la Ciudad deberá asumir a partir de 2019 el traspaso de los subsidios de transporte de colectivos, la tarifa social de agua y de electricidad que se estima podrá estar en el orden de los $4.500 millones.
La Deuda requiere más recursos
En este presupuesto, se establece que el 8% aproximadamente de los recursos que se obtengan se destinará al pago de los servicios de la deuda, cuando en 2018 esa relación estará en el orden del 5%. El endeudamiento ha crecido no sólo por nuevos compromisos, sino como efecto de la fuerte devaluación registrada en este año que hace que la deuda en pesos sea mayor.
El stock de deuda, según la información oficial presentada en el proyecto de ley de presupuesto es al 30 de septiembre de 2018, de $106.113 millones, de los cuales el 66% corresponde a deuda en moneda extranjera. En breve se cumplirá con el tratamiento legislativo de este proyecto de ley y se podrá evaluar si las premisas con las que se formuló se plasman en políticas que atiendan las necesidades de la hora.