Por Dra. Silvia La Ruffa – Publicado el 11 de julio de 2019

Introducción

Cuando hablamos de género nos referimos a la construcción social que se realiza en torno a lo que se considera femenino o masculino -si lo miramos en términos binarios- o a la definición cultural de las identidades en torno a la cuestión sexual. Es un concepto que nos permite distinguir el sexo atribuido biológicamente al nacer y la percepción que cada uno tiene de ello en su vida cotidiana. Incorporar la perspectiva de género desde una mirada integral de derechos humanos implica entender que esa construcción social, durante siglos, ha sido binaria y ha priorizado lo masculino por sobre lo femenino con consecuencias prácticas directas en la vida de mujeres y niñas y también de niños y varones así como todo otro tipo de identidades de género.

Descargar documento completo: “Las mujeres en el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires” y  “Las violencias contra las mujeres en la Ciudad de Buenos Aires”

Hasta no hace mucho tiempo las mujeres no podíamos asistir a la universidad, no podíamos elegir representantes ni presentarnos como candidatas políticas. Más cerca a estos días, las mujeres no accedíamos a los más altos puestos en la estructura jurisdiccional y las personas con una identidad de género diferente al sexo biológico asignado no podían llevar en su documento el nombre que coincidiera con su identidad auto percibida con todos los problemas que ello acarrea para la realización de otros derechos como estudiar, trabajar o no ser discriminado/a.

Por todo ello, cuando hablamos de género y justicia, en realidad, nos referimos a géneros y justicia y debe ser abordado desde dos perspectiva: los obstáculos existentes para el ingreso y desarrollo de las mujeres y otras identidades en la carrera judicial y la respuesta que la Justicia brinda a las mujeres y otras identidades a sus conflictos en general y en particular a los iniciados en tanto situaciones de violencia de género, es decir, aquellos conflictos que sufren por estar en una situación de subordinación con el otro u otra que ejerce esa violencia psicológica, física, económica o de cualquier tipo.

Para realizar un recorte que me permita exponer estas dos miradas en el tiempo estipulado para el panel, voy a circunscribir la presentación a la situación en la Ciudad de Buenos Aires, en particular en el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dejando de lado a la Justicia Nacional Ordinaria que también brinda servicios jurisdiccionales en este distrito.

Conclusiones

Tanto el mapa de género de la justicia argentina como el mapa del delito del Gobierno de la ciudad invisibilizan las diversidad sexuales. La información que brinda respeta el tradicional esquema binario de varones y mujeres. A efectos de visibilizar y revertir la historia conflictiva de vinculación entre la población de travestis y mujeres transexuales y el mundo de la justicia se necesitan grandes esfuerzos y abordajes integrables con el fin de que esta relación se vuelva amigable, no jerárquica, propia de un Estado de derecho y de una democracia.

Tanto el mapa de género de la justicia argentina como el mapa del delito del Gobierno de la ciudad invisibilizan las diversidad sexuales”.

El ingreso de las mujeres y su desarrollo profesional en el Poder Judicial de la Ciudad parece haber logrado quebrar el techo de cristal que tantas veces impedía el acceso a los tribunales superiores o las magistraturas. Sin embargo, hay que seguir monitoreando esta situación a efectos de que no se produzcan retrocesos en la materia ni que existan fueros más masculinos y otros más feminizados.

La participación igualitaria de las mujeres en la Justicia es condición necesaria para brindar un mejor servicio jurisdiccional pero no alcanza solo con contar el número de mujeres en cada posición sino que se requiere de capacitación permanente a todos los operadores del sistema, protocolos de actuación específicos y, fundamentalmente presupuesto para desarrollar políticas públicas de prevención de las violencias y asistencia integral de las víctimas que logre no solo su protección sino el
empoderamiento necesario para que salgan definitivamente del círculo de la violencia.

La participación igualitaria de las mujeres en la Justicia es condición necesaria para brindar un mejor servicio jurisdiccional pero no alcanza solo con contar el número de mujeres en cada posición sino que se requiere de capacitación permanente a todos los operadores del sistema”

*Exposición completa en el marco del Ciclo de Conferencias de miembros de FUNDEJUS realizado el 12 de junio de 2019 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. 

Artículo publicado de 11 de julio  de 2019

La tasa de desocupación oficialmente comunicada para el 1er trimestre de este año es de 10,7% de la población económicamente activa de la Ciudad de Buenos Aires. Es la más elevada desde el tercer trimestre de 2017 y la más alta de los primeros trimestres desde que inició la actual administración en la Ciudad.

De esta manera, en los primeros tres meses de este año la tasa de desocupación se ubica 2,6 puntos por encima de la registrada en igual período del año anterior.

En el Primer trimestre de este año la desocupación alcanza a más de 186.000 personas, mientras que en el primer trimestre del año pasado eran aproximadamente 135.000.

La rama de actividad que perdió más empleo fue el Comercio que, desde el primer trimestre de 2017 viene registrando una caída de la actividad.

La tasa de desocupación mide el desempleo de la población económicamente activa de un territorio. Es decir, informa  y cuantifica la parte de la población que estando en edad, condiciones y disposición de trabajar, se encuentra sin trabajo.

La tasa de subocupación también muestra un leve pero permanente crecimiento, no sólo en la comparación con el mismo trimestre de otros años, sino también en la medición de todos los trimestres.

La población subocupada estimada en el primer trimestre de 2019 alcanza a 162.000, y viene incrementándose año a año.

La población subocupada refiere a aquella parte de la población económicamente activa que, estando ocupada, trabaja menos de 35 horas semanales por causas involuntarias y buscan aumentar las horas de trabajo, generalmente como consecuencia del deterioro del salario real.

La población subocupada estimada en el primer trimestre de 2019 alcanza a 162.000, y viene incrementándose año a año”.

Un dato a señalar es que la tasa de desocupación de las mujeres es más alta que la de los varones. Es decir, el porcentaje de mujeres que pertenecen al grupo de la población económicamente activa que buscan trabajo sin poder ocuparse es superior en los hombres. El último dato dado a conocer recientemente determina que mientras que la desocupación de los hombres es de 9,4% de la PEA, la de las mujeres es de 12,1%.

A continuación se muestra un gráfico que indica la desocupación por Comunas en el año 2018.

Si bien no hay datos trimestrales por Comuna si se cuenta con información anual por lugar de residencia, para el año 2018, se observa que las comunas 4 y 8 tienen la más alta tasa de desocupación con un valor de 13,6% de la PEA en ambos casos.

Por Rosa Aboy* – Publicado el 11 de junio de 2018

El espacio público, durante siglos un territorio esencialmente masculino, ha sido escenario y marco productor de gigantescas transformaciones en sus usos y actores. No obstante, no puede hablarse aún de un espacio de equidad, donde los diversos colectivos y cuerpos pueden circular, consumir y gozar, en las mismas condiciones y posibilidades en términos de seguridad, bienestar o poder.

La Mesa Géneros y Espacio Público que sesionó el martes 29 de mayo en el marco de la Jornada Géneros y Ciudades, organizada por el Instituto i-ciudad y el CEM abordó estas cuestiones en el marco de un debate plural, donde se dieron cita referentes de los movimientos por la igualdad, legisladores porteños de diferente identidad política, referentes del mundo académico, de los medios y de los organismos nacionales e internacionales, quienes en un marco de pluralidad abordaron este tema desde diversos ángulos, enfoques y campos disciplinares.

Los participantes de la Mesa Géneros y Espacio Público comenzaron definiendo o caracterizando la noción de “espacio público” en relación con los temas de género. Para Maximiliano Ferraro (legislador de la Ciudad por Vamos Juntos y actual Presidente de la Comisión de Educación de la Legislatura), “el espacio público es el espacio democrático por excelencia, el lugar donde se construyen ciudadanías plenas”. Ferraro descree de la noción de “consenso” para pensar el espacio público, al cual ve como un lugar de intersecciones y de polifonías.

En un sentido similar, Rosa Aboy, coordinadora de la Mesa y Directora de Políticas Urbanas del i-ciudad, conceptualizó el espacio público “como el conjunto de los espacios verdes, recreativos, institucionales y medios de transporte de la Ciudad”. Para Aboy, el espacio público “es un escenario de conflictos, donde interactúan diversos actores, con distintos posicionamientos, en términos de agenda social y política, y de relaciones de poder”.

Para la periodista y activista de #NiUnaMenos, Agustina Paz Frontera, “la ocupación del espacio público de la Ciudad de Buenos Aires por parte de las mujeres permitió, en sólo tres años, la construcción de la ciudadanía política de ese colectivo”. Para Frontera, la irrupción del movimiento de mujeres en el espacio público permitió el pasaje de un discurso defensivo, frente a las diferentes formas de violencia machista, a la construcción de una voz política. Los medios habrían acompañado la articulación de ese nuevo discurso, pasando de una cobertura casi exclusivamente centrada en los femicidios, a la criminalización del movimiento de mujeres luego del 8 de marzo de 2017, donde se verificó una avanzada represiva sobre las manifestaciones públicas de #NiUnaMenos. Esa ciudadanía política de reciente construcción no se extiende aún a otros géneros.

La ocupación del espacio público de la Ciudad de Buenos Aires por parte de las mujeres permitió, en sólo tres años, la construcción de la ciudadanía política de ese colectivo”

En representación de la Corporación Andina de Fomento (CAF) organismo internacional con 19 países miembros, Angie Palacios dio cuenta de la necesidad y el compromiso de incorporar la mirada de género en todas las obras e iniciativas gubernamentales financiadas. En la Argentina, donde la CAF financia el Paseo del Bajo, en la Ciudad de Buenos Aires, la CAF aporta una mirada sobre la movilidad entendida como acceso equitativo, atendiendo a particularidades sociales, de género y de etnia. Esta mirada se orienta a lograr un cambio de paradigma en el modo en que las personas se desplazan en las ciudades. Palacios es responsable del Programa ‘’Ella se mueve segura”, que actualmente se está implementando en tres ciudades latinoamericanas: Buenos Aires, Quito y Santiago de Chile. Para la especialista, “los procesos sociales como #NiUnaMenos actúan como voz colectiva, empoderando a las mujeres para producir cambios, uno de los cuales sería la menor tolerancia a los abusos en el transporte público”.

Los procesos sociales como #NiUnaMenos actúan como voz colectiva, empoderando a las mujeres para producir cambios, uno de los cuales sería la menor tolerancia a los abusos en el transporte público”

La Coordinadora de la Unidad de Género de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU-UBA), la diseñadora gráfica Griselda Flesler, contó que “hace 3 años, la Universidad de Buenos Aires elaboró un Protocolo de Género para ser implementado por todas y cada una de sus unidades académicas (facultades, colegios universitarios, institutos). En el caso de la FADU, una de sus primeras iniciativas desde la coordinación fue generar un hecho político y cultural novedoso; la creación de baños públicos sin distinción de géneros. El objetivo fue el de producir una reflexión acerca de cómo se diseña el espacio público. El caso de los baños marcó una intervención política en un ámbito académico que estuvo orientada a generar un impacto en una población de arquitectos, diseñadores, urbanistas, profesores y estudiantes de esas disciplinas, con el objeto de repensar la funcionalidad de los espacios y las prácticas cotidianas de las personas en el espacio público”.

María Rachid, titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, Secretaria General de la Mesa Nacional por la Igualdad y de la Federación Argentina LGBT señaló que “para personas tradicionalmente estigmatizadas como enfermas, delincuentes y pecadoras, el uso del espacio público ha sido una de los mayores reclamos” y señaló importantes hitos y logros en ese sentido. Con la obtención de la Personería Jurídica para la CHA, que le había sido negada en 1ra y 2da instancia y que finalmente salió por decreto en 1991 y posteriormente, la consagración de derechos en la Constitución de la Ciudad en sus artículos 1º y 11º se creó un primer marco de respeto por las diferencias de género. Entre 2004 y 2005 se convocó a las instituciones para elaborar un Plan Nacional contra la Discriminación, que fue publicado como decreto por Néstor Kirchner y donde se dio cabida a todas las reivindicaciones de los colectivos LGTB. Posteriormente, en 2008 se creó el Primer Programa Nacional de Identidad Sexual y se sancionaron las leyes de Matrimonio Igualitario e Identidad de Género, generando un marco legal que está a la vanguardia de las sociedades occidentales.

El papel del Estado fue motivo de un contrapunto interesante. Maximiliano Ferraro destacó el protagonismo social en iniciativas pro equidad, dando como ejemplo el establecimiento de la Casa Trans, en la CABA, para la cual el Ejecutivo Porteño cedió un inmueble de propiedad pública y realizó un convenio con la Asociación Civil La Fulana, quien lleva adelante la gestión del inmueble y de actividades de visibilización, educación y asesoramiento para mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero. Para Ferraro, este ejemplo de asociación público-privada es “un interesante camino a seguir, en pos de la inclusión de los colectivos no hegemónicos”.

Sin opacar esas iniciativas de colaboración, otras participantes enfatizaron el protagonismo y sobre todo, la responsabilidad del Estado a la hora de crear reglas de juego universalmente válidas. Al respecto María Rachid criticó lo que llamó la tercerización de la política y destacó el papel de los estados como garantes de la inclusión efectiva y real en el mercado de trabajo, y en todos los beneficios de la vida democrática, para los colectivos más vulnerables, como en el caso de las personas transgénero, cuyo promedio de vida en la región es de 35 años. Para Rachid, como para Griselda Flesler, son las instituciones estatales las que tienen mayor responsabilidad a la hora de borrar las fronteras entre géneros en el espacio público, dando como ejemplo el ámbito de la práctica de deportes en la escuela o la violencia institucional y laboral, aún presentes, hacia las mujeres y el colectivo LGTB. En tal sentido, la iniciativa del Paseo de la Diversidad en la Plaza Roberto Arlt, comentado por Rachid, es un caso pequeño y a la vez, potente. “La inclusión de asesoría legal y de un mercado de artesanías producidas por personas trans en un espacio público identificado mayoritariamente con los empleados del microcentro porteño, produce una visibilización como sujetos de derecho de los y las trans y también habilita su inclusión en un mercado laboral (el de la producción y venta de artesanías) diferente del trabajo sexual al que la sociedad suele marginar a las personas transgénero”.

Finalmente, la mesa concluyó con un consenso acerca de los importantes avances logrados en términos de un acceso más equitativo al derecho a la Ciudad respecto del pasado y también, en comparación con otras jurisdicciones del país y con otros países de la región. Hubo también consenso en que quedan aún muchas reivindicaciones insatisfechas para lograr un acceso y disfrute igualitario de todas las personas en el espacio público. Subsisten aún fronteras simbólicas para la expresión de los cuerpos, sus derechos y su posibilidad de gozar de la Ciudad según la identidad de las personas en relación con el género. Esas asignaturas aún pendientes invitan a no descansar en los logros obtenidos, a seguir cruzando miradas y habilitando voces diversas. La irrupción en el espacio público permite configurar escenarios donde se construyen nuevos sujetos políticos, ya no determinados por nociones anacrónicas como “el sexo” o “la raza”, construcciones simbólicas e históricas que afortunadamente, van quedando atrás.

Subsisten aún fronteras simbólicas para la expresión de los cuerpos, sus derechos y su posibilidad de gozar de la Ciudad según la identidad de las personas en relación con el género

Participantes:

  • Agustina Paz Frontera, Periodista LATFEM y redactora/ editora de elcohetealaluna. Militante #NiUnaMenos
  • Angie Palacios, Especialista en Género y Transporte de la CAF (Corporación Andina de Fomento)
  • Maximiliano Ferraro, Legislador de la Ciudad por la Coalición Cívica. Actualmente preside la Comisión de Educación
  • María Rachid, Titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo CABA, Secretaria General de la Mesa Nacional por la Igualdad y de la Federación Argentina LGBT.
  • Griselda Flesler, Diseñadora Gráfica y Coordinadora de la Unidad de Género de la FADU-UBA

*Moderador: Rosa Aboy, Dra. en Historia / Arquitecta; Profesora Titular FADU; Directora CEIHVAL – IEHU; Universidad de Buenos Aires, directora del área de Políticas Urbanas del i-ciudad.

Por Marta Albamonte* –  Publicado el 11 de junio de 2018

El trabajo y la remuneración son, en general, los primeros disparadores de la cuestión de género en la Argentina. Pero no son los únicos. Así quedó cristalizado en la mesa de debate de Género y Trabajo, organizada por el i-ciudad y el CEM, en el marco de la jornada de género que se celebró el 29 de mayo pasado.

Algunos puntos salientes: existe una brecha salarial entre hombres y mujeres en la CABA que ronda en algunas áreas, cerca del 19 por ciento. En ese sentido, Vilma Paura, integrante del CEM y docente de la UNTreF, destacó: “La estadística de la Ciudad, nos dice que ha habido legislación que permite tener información sobre la situación de géneros. La estadística releva y permite hacer visibles la realidad y permite por lo tanto modificar esa realidad. La fotografía que proporcionan las estadísticas nos permite ver que, en la Ciudad de Buenos Aires, hay una sostenida incorporación de las mujeres en la actividad, pero debemos decir que la tasa de desocupación también es más alta que la de los hombres. En cuanto a la brecha salarial es muy alta entre mujeres y hombres. En este sentido para la mujer existe un techo de cristal, pero también existe un piso pegajoso que determina la dificultad de salir de ciertas actividades. El peso del trabajo doméstico no remunerado o el cuidado de la familia, genera una limitante para las mujeres y requiere remover resistencias culturales e institucionales”.

En la Ciudad de Buenos Aires existe una brecha salarial entre hombres y mujeres que ronda el 19 por ciento.

Cuando las cifras se evalúan por espacios geográficos, la expositora destacó: “Los niveles de calificación y formación no resuelven la brecha salarial. También se visualiza una desigualdad entre hombres y mujeres, pero también entre mujeres entre sí, vinculada a la relación con el cuidado, que es diferente según los sectores sociales. Geográficamente, la Comuna 8 y la Comuna 4 son las que nos muestran indicadores de hacinamiento, pobreza estructural, desocupación más alta de mujeres, entre otros”.

Otro de los puntos que se abordaron durante el debate fue la desigualdad en el acceso laboral. Una mujer joven que busca trabajo y será madre en algún momento, tiene menos chances de acceder a un puesto de trabajo, que un hombre joven que aspira al mismo lugar y que en algún momento será padre. Al mismo tiempo, tanto los puestos jerárquicos en el sector privado, como los cargos más altos en el sector público, son territorio mayoritariamente masculino.

Mariano Recalde, abogado laboralista, Docente Universitario y Legislador de la Ciudad de Buenos Aires indicó: “Para entender qué aporte se puede hacer efectivamente para un mejor acceso al trabajo de las mujeres, habría que revisar la legislación existente. Por ejemplo, revisar la Ley de Contrato de trabajo vigente. El Capítulo referido al Trabajo de Mujeres, nos dice que tienen 2 horas de descanso al mediodía. De este modo pueden ir a atender al mediodía a su familia. Es un ‘beneficio’ para las mujeres y no para los hombres. Las mujeres tienen prohibido el trabajo a domicilio, los hombres no tienen esa limitación. Es otra medida que bajo la apariencia de una forma de protección, consolida el estereotipo de género. Y, todo lo referido a las licencias también genera discriminación”.

En el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, hay 9 ministros más un Jefe de Gabinete. De ellos sólo tres son mujeres, y están a cargo de ministerios del área social (Educación, Salud y Desarrollo Humano). Empeora el panorama en el Gabinete Nacional 2 mujeres son ministras. Y la disparidad se profundiza a medida que se desciende en la escala laboral. Las mujeres ocupan el 40% de los puestos de trabajo, y más del 40% de los hogares tienen a las mujeres como jefas de hogar, además de tener a su cargo en el 90% de los casos, las tareas domésticas.

Las mujeres ocupan el 40% de los puestos de trabajo, y más del 40% de los hogares tienen a las mujeres como jefas de hogar, además de tener a su cargo en el 90% de los casos, las tareas domésticas”.

El Gobierno Nacional propuso un proyecto de ley que promueve la paridad salarial entre los hombres y las mujeres, aunque sin imponer obligaciones explícitas a las empresas como tampoco sanciones ante un eventual incumplimiento. Durante el debate se evaluó que en un tono declarativo, la iniciativa establece que “en los contratos individuales, convenciones colectivas de trabajo, reglamentaciones y todo acto por el cual se fijen o estipulen salarios, se garantizará la plena observancia de la igualdad de género en la aplicación del principio constitucional de igual remuneración por igual trabajo“.

Como única instancia de control, el Poder Ejecutivo dispone que “los empleadores, a nivel individual o a través de las entidades representativas de su actividad”; elaboren un “código de conducta” sobre las medidas que adoptaron “para garantizar el respeto a la igualdad de género en el interior de la empresa”. Dicho código, reza la iniciativa, debe ser remitido al Ministerio de Trabajo “para su conocimiento”.

Recalde agregó que tal como sucedió en su momento con los cuerpos legislativos, “la Ley de cupos es necesaria hoy para que las Trans tengan mejores posibilidades laborales”.

La Ley de cupos es necesaria hoy para que las Trans tengan mejores posibilidades laborales”

Melisa D’Oro, primera docente Trans de la Ciudad de Buenos Aires y Secretaria de Diversidad del AMMAR, aportó su experiencia y visión al respecto: “En relación al acceso al trabajo, la principal limitación es justamente ser Trans. Se restringen las posibilidades a casi un solo tipo de trabajo. Desde un principio son expulsadas por las familias y por las instituciones lo que determina falta de posibilidades de capacitación y acceso por lo tanto a mejores trabajos. Por eso, si bien los cupos suelen ser un placebo, es un inicio para que se puedan incorporar a trabajos que hoy son vedados”.

La docente recordó, que el promedio de vida suele ser de 35/40 años, por la dificultad de acceso a la atención a la salud, por las situaciones de violencia con las que conviven diariamente. “Definitivamente, la reforma laboral perjudica fundamentalmente a las mujeres”, agregó.

Marianela Mel, Secretaria Nacional de la Mujer y Familia del Sindicato Argentino de Televisión, aseguró que uno de los problemas y desafíos más grandes consiste en trabajar por la equidad en las licencias, porque es la primera traba a la hora de definir a quién se toma para un trabajo. “Los trabajadores que tienen un convenio laboral que los protege, no tienen diferencia salarial, pero los que no lo poseen, no tienen igualdad en el acceso. La cuestión de las licencias, al margen de la de maternidad, las que corresponden por enfermedad de los hijos o de los familiares, por ejemplo, son asignadas a las madres y no a los padres. En algunas empresas, los gastos de jardín son reconocidos para las mamás y no para los papás aun cuando éstos últimos tengan la tenencia. Nuevamente vuelve a ser una situación de inequidad de acceso al trabajo. Además, el alto costo de las guarderías privadas suele hacer que las mujeres sigan siendo recluidas a las actividades de cuidado familiar, porque los costos de enviar a los niños a un jardín o guardería privada, suele significar un porcentaje importante del sueldo de la mujer”, indicó.

CONCLUSIONES

  • La inequidad fue la palabra que estuvo todo el tiempo presente. Atraviesa todos los temas, las posibilidades de trabajo, de mejores salarios, de mejores oportunidades de acceso a puestos de mayor jerarquía.
  • Los condicionantes por la carga laboral que implica la responsabilidad de las tareas domésticas y de cuidado, son funcionales a esta inequidad.
  • En cuanto al proyecto de ley de paridad salarial que promueve el Poder Ejecutivo Nacional, se propone tomar en consideración el trabajo realizado por trabajadoras nucleadas en las centrales sindicales, organizaciones sociales y de la economía popular que acercaron su propuesta.
  • Es necesario modificar el régimen de licencias determinando que sea para la persona trabajadora sin diferenciación y en forma abarcativa.
  • Por todo lo expresado anteriormente, es importante revisar los dispositivos que hoy existen y que han quedado obsoletos o inclusive perjudican, en nombre de una dudosa protección a las mujeres, como es el caso de lo comentado sobre la Ley de Contrato de Trabajo.
  • Es necesario establecer la Ley de cupo para personas Trans de manera que tengan acceso a más y mejores puestos de trabajo.
  • Se propone la institucionalización de guarderías estatales que estén a disposición para las personas trabajadoras de las empresas y no exclusivamente para las mujeres, eliminando otro limitante a la posibilidad laboral de la mujer.
  • La igualdad de remuneración por igual tarea está establecida en la propia Constitución de la Nación Argentina y en la Ley de Contrato de trabajo. No se necesita una nueva ley, sino que se verifique y controle el cumplimiento de las normas vigentes.

Participantes:

  • Melisa D’Oro, primera docente Trans de la Ciudad de Buenos Aires y Secretaria de Diversidad del AMMAR
  • Marianela Mel, Secretaria Nacional de la Mujer y Familia, del Sindicato Argentino de Televisión
  • Vilma Paura, integrante del CEM, docente de la UNTreF
  • Mariano Recalde, abogado laboralista, Docente Universitario y Vicepresidente Segundo de la Legislatura porteña (Vamos Juntos).

*Moderador: Marta Albamonte, licenciada en Economía, docente titular en la Universidad de La Matanza y en la Universidad de Buenos Aires, directora del área de Finanzas Públicas del i-ciudad.