Por Dra. Silvia La Ruffa – Publicado el 6 de abril de 2018
De acuerdo a la Ley del Sistema Integral de Seguridad (Ley N° 5.688) se espera que el mapa del delito constituya una herramienta de gestión dirigida a la recopilación, procesamiento y análisis de la información concerniente a las actividades delictivas que se desarrollan en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo el mapa del delito anunciado con bombos y platillos por Horacio Rodríguez Larreta es una mera herramienta de marketing que poca utilidad tiene para la planificación en materia de políticas públicas de seguridad ciudadana.
Esta aplicación debe servir para avanzar en la elaboración de un diagnóstico certero de las causas y procesos que confluyen en los hechos delictivos registrados en las distintas Comunas, contribuir a la elaboración de estrategias de prevención y conjuración del delito, promover un direccionamiento estratégico de los recursos humanos y logísticos de los servicios de seguridad y favorecer una respuesta oportuna a los requerimientos de la población en materia de seguridad.
Difícilmente se puedan alcanzar estos objetivos con la información que suministra el mapa del delito. En primer lugar, no está actualizado. Las últimas cifras son de junio de 2017. El delito muta de modalidad, de intensidad y de zonas y el análisis debe ser casi en simultáneo con la variación de estos patrones. Nos preguntamos: ¿los modelos de despliegue territorial con base matemática y de investigación operativa que el Gobierno de la Ciudad contrató a una empresa en enero por $18 millones se aplicarán en base a información desactualizada?
En segundo lugar, muestra solo tres tipos de delito: homicidio, robos y hurtos. De acuerdo al Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD), la inseguridad ciudadana “es un fenómeno complejo que incluye diferentes amenazas: aunque el análisis de las tasas de robos y homicidios ofrece un panorama útil, aún resulta insuficiente” (IDH-AL 2013-2014: 75). Algunos otros expertos podrán decir que es un buen recorte ya que la prioridad de la política criminal debe estar en la reducción de los homicidios y que los robos y hurtos constituyen los delitos que más se comenten en América Latina y los que las personas identifican como la principal amenaza de su seguridad. Sin embargo, como la herramienta no facilita la comparación entre comunas o barrios ni entre distintos meses, la inclusión de otros indicadores dotaría de mayor utilidad a esta aplicación.
Nada dice tampoco sobre los perfiles de las víctimas ni de los responsables de esos delitos en los casos que se conozcan. El citado Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD indica que “para entender las amenazas a la seguridad ciudadana, es necesario analizar el contexto en el que surgen y se desarrollan, el perfil de las víctimas y de los victimarios, la manera cómo interactúan y sus impactos en la ciudadanía” (op. Cit.: 75).
Además cuando se analizan las cifras desagregadas, la información puede no ser consistente ya que si en una comuna ocurrieron 3 homicidios en un mes, no aclara si todos o solo algunos se cometieron con armas de fuego o si todos o solo algunas sucedieron en la vía pública.
Ahora bien, ya que hablamos de homicidios, cuatro comunas muestran una tasa mayor a 10 homicidios por 100.000 habitantes. El PNUD señala que es recomendable priorizar la reducción de homicidios en zonas con esos indicadores. ¿Cuáles son las políticas públicas formuladas para lograr este objetivo, esto es, qué acciones se están llevando adelante para disminuir las muertes violentas en la zona sur de la Ciudad?
Si al gobierno de la Ciudad le preocupan los robos y hurtos que se cometen en este territorio, ¿qué medidas se están implementado para contener la expansión de los mercados ilegales?, ¿se realizan intervenciones especiales en las zonas donde se concentran mayor número de estos delitos o el mapa es solo una publicidad de gobierno?
Nos preguntamos: ¿los modelos de despliegue territorial con base matemática y de investigación operativa que el Gobierno de la Ciudad contrató a una empresa en enero por $18 millones se aplicarán en base a información desactualizada?
En los primeros 6 meses de 2017 ocurrieron entre 9 y 14 homicidios dolosos por mes en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el patrón geográfico no fue homogéneo. Por un lado, solo dos comunas (1 y 7) muestran el triste récord de haber padecido homicidios en su territorio en cada uno de estos meses. En ellas ocurrieron más de la mitad de los asesinatos (34 de 66 hechos). Si bien en el primer trimestre de 2017, la Comuna 7 lideró el ranking de los homicidios, en el segundo, se concentraron en la Comuna 1. Por el otro, son 4 las comunas (2, 12, 13 y 14) que no registraron muertes violentas en ninguno de los meses analizados.
Señor Jefe de Gobierno: ¿cuáles son las estrategias para abordar tan disímil patrón criminal? ¿La afectación de recursos públicos de seguridad se efectúa sobre la base de esta información o son los jefes policiales los que de acuerdo a sus intereses sectoriales definen la utilización de estos recursos?