En la CABA se generan unas 6000 toneladas de basura por día y se recupera, oficialmente, cerca del 10%.

Por Laura Rocha – Publicada el 23 de julio de 2021

Los residuos son temas que suelen esconderse bajo la alfombra. No pasa sólo en casos particulares, también ocurre en municipios, provincias y países. Sin embargo, la escala del problema y lo que representa para los planes de disminución de gases de efecto invernadero, en función de los acuerdos internacionales, hace que cada vez tenga más importancia.

Así es que la ONU, por primera vez, diseñó una hoja de ruta para la gestión de residuos y la correcta disposición final a la que le puso fecha: 2030 debería ser el momento en que los países de América latina tendrían que tener afinados sus planes. Esto, por supuesto, incluye a la Argentina y al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), una de las zonas más complejas.

“Los sistemas de gestión de residuos han mejorado notablemente en las últimas décadas en la región de América Latina y el Caribe (ALC), incluyendo una mayor cobertura de recolección de residuos, y un mejor manejo y disposición de los residuos. También se han fortalecido los marcos normativos, incluyendo la prohibición general del vertido incontrolado de residuos y el desarrollo de políticas y planes más integrados”, indica el reporte internacional que se conoció la semana pasada. 

“Sin embargo, la generación total y per cápita de residuos continúa aumentando y las tasas de reciclaje se mantienen generalmente bajas en la región. Además, alrededor del 45% de todos los residuos generados en la región todavía se destina a sitios de disposición final inadecuados, incluyendo más de 10.000 vertederos identificados en los países de ALC. La situación puede variar considerablemente a lo largo de la región, pero la gestión inadecuada de los residuos afecta en mayor o menor medida a todos los países de la región”, agrega.

Como para tener una idea, en la Ciudad de Buenos Aires, se generan unas 6000 toneladas de basura diaria y se recuperan, oficialmente, aproximadamente el 10 por ciento. Según una encuesta oficial, el 46% de los vecinos separa residuos. En cifras, según los cálculos, hay unas 2000 toneladas de residuos diarias que podrían ser reciclables. Hoy se recolectan, por medio de las 12 cooperativas de cartoneros y puntos verdes, unas 380 tn/día.

En Argentina es bajo el porcentaje de residuos que se recicla. A nivel nacional sólo entre un 3 y 6% de los desechos son recuperados para reinsertarlos nuevamente en el circuito productivo, según datos del Círculo de Políticas Ambientales (CPA).

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El informe, realizado con la participación de los ministerios de Ambiente de los países de la región, destaca que a pesar del continuo aumento de la generación de residuos, la tasa de reciclaje o recuperación de residuos en general se mantienen por debajo del 10% en los países de América Latina y el Caribe.

“Esto representa un desafío para el cierre progresivo de los basurales, la ubicación de nuevas instalaciones y la reducción de los residuos destinados a la disposición final. La recuperación real de los residuos es difícil de estimar, considerando la importante actividad de los recicladores informales, que pueden llegar a ser hasta 4 millones de personas en la región (BID, 2015). Este es también un elemento clave a considerar en el proceso de cierre de basurales, como se indica a continuación en relación con las consideraciones sociales y de inclusión.”

Uno de los actores centrales en estas políticas son los recicladores urbanos. Según los datos de las organizaciones de recicladores, en Argentina se producen todos los días 50.000 toneladas de residuos, y la mitad de ellos termina en alguno de los 5.000 basurales a cielo abierto que hay en el país, o en un relleno sanitario.

Asimismo denuncian que “los 150.000 cartoneros y cartoneras que evitan que el sistema colapse trabajan en pésimas condiciones, miles de ellos lo hacen en los propios basurales sin baños, agua, ni techo para cubrirse del sol o la lluvia”.

Para ellos, además del financiamiento necesario para el buen funcionamiento de las cooperativas, es necesaria una legislación nacional que se adeuda hace años: la ley de envases. 

Se trata del proyecto de ley de Envases con Inclusión Social, que fue presentado la primera semana de julio en el Congreso y que busca fijar presupuestos para la protección ambiental en gestión de envases.

“Nos convocamos porque estamos pidiendo que la ley se apruebe, eso va a beneficiar a muchos compañeros y compañeras del tema del reciclado. Estamos esperando que no haya más botellas en los bares, (…) que esto sirva para muchos recuperadores independientes y para generar más trabajo”, aseguró a la prensa Paula Fernández, presidenta de la cooperativa Esperanza.

La Ley de Envases contempla en su proyecto “implementar incentivos financieros para alentar a los fabricantes a diseñar productos respetuosos con el ambiente y responsabilizar a los productores de los costos de manejo de sus productos al final de su vida útil”.

Para lograr este objetivo propone la creación de una “tasa ambiental y fondo para la gestión de envases y reciclado inclusivo”, que no podrá impactar sobre el precio final del producto en más de un 3 % y que se delimita en base a factores como reciclabilidad, incidencia ambiental aparente y eco diseño.

Este tipo de normativa es, precisamente, parte de la hoja de ruta que propone el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma). En cuanto al camino a seguir, se recomienda a los países de la región de América Latina y el Caribe acelerar el proceso de erradicación de los basurales y de las prácticas inadecuadas de gestión y disposición final, y promover la transición hacia modelos de prevención de residuos. Asimismo, se alienta a los gobiernos nacionales y locales a que adapten y apliquen esta Hoja de Ruta de acuerdo con su situación, condiciones y circunstancias específicas, con el objetivo general de eliminar gradualmente los basurales a más tardar en el año 2030.

“Los basurales y la quema a cielo abierto de residuos ocasionan graves riesgos para la salud, tanto para las personas que trabajan en los sitios como para las comunidades que los rodean, y afectan a la vida cotidiana de millones de personas en toda la región. Al mismo tiempo, esto ha dado lugar a graves repercusiones ambientales, incluida la contaminación del agua, la emisión de contaminantes tóxicos y de efecto invernadero, así como la contaminación del suelo, que a su vez afectan a las actividades económicas. En este sentido, es esencial eliminar progresivamente los basurales y sustituirlos por prácticas de gestión y métodos de disposición final de residuos eficaces, en el marco de estrategias integradas de gestión de residuos que promuevan su prevención y minimización.”, detalla el reporte internacional.

En la región de ALC se han identificado más de 14.000 sitios de disposición final inapropiados, incluidos más de 10.000 basurales, que pueden ser de tamaños y condiciones muy diferentes. Al mismo tiempo, se identifican cerca de 2.000 rellenos sanitarios, donde se deposita una mayor proporción del total de los residuos reportados (alrededor del 55%), ya que dan servicio a las principales aglomeraciones urbanas.

Algo muy importante que destaca el documento es que, la gestión de residuos sólidos implica la participación y colaboración de los tres poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) y de todos los niveles de gobierno (nacional, provincial o estatal, y municipal o comunal), junto con la participación de diversos actores, incluyendo el sector privado, el sector informal, la comunidad, entre otros. El gobierno nacional se presenta como un actor determinante dentro del proceso normativo dada su responsabilidad primaria de garantizar el derecho a la salud y a un ambiente sano, pero también las municipalidades, bajo esquemas directos de tareas y operaciones, con recursos humanos, tecnológicos y financieros propios de cada municipio.

Cabe recordar que en la Argentina son los municipios los encargados de la gestión de residuos y, muchas veces, los costos logísticos y de operación superan los presupuestos oficiales.

Como un ejemplo de estrategias recientes citadas en el reporte se encuentra la Argentina con la ejecución de un Plan Federal de Erradicación de basurales a Cielo Abierto, que será realizada en los próximos cinco años y se llevará a cabo en articulación con los gobiernos provinciales y municipales, con el objetivo principal de disminuir la disposición de residuos sólidos urbanos en basurales a cielo abierto e incrementar su disposición en Complejos Socioambientales. 

Otro caso de combinación y actualización de instrumentos legislativos y de planificación para el cierre de basurales es Brasil. Al respecto, el Ministerio de Ambiente lanzó el Programa de Basura Cero en 2019, cumpliendo con la directiva federal de eliminar los basurales existentes y apoyar a los municipios para encontrar formas de disposición final adecuadas. Más recientemente, un nuevo marco legal de saneamiento (Ley 14026/20 de julio de 2020) establece que la disposición final ambientalmente adecuada de los residuos deberá ser implementada antes del 31 de diciembre de 2020, con algunas excepciones escalonadas hacia el 2024, tomando en consideración la población del municipio y otras condiciones.