– Por Micaela Sánchez Malcolm –

Se llevó a cabo en i-ciudad, Instituto de Políticas Públicas para Buenos Aires, una jornada de debate en torno al proyecto que busca actualizar el Código de Planeamiento Urbano en la Ciudad de Buenos Aires propuesto por el Poder Ejecutivo. Participaron del debate los directivos de i-ciudad, como así también representantes del gobierno porteño y de distintas fuerzas políticas de la Ciudad, docentes universitarios de FADU-UBA, directivos e integrantes de asociaciones civiles y profesionales.
La apertura del evento estuvo a cargo de Silvia La Ruffa, vicepresidenta y directora del área de Seguridad de i-ciudad, quien agradeció la presencia de todos los asistentes en nombre de Juan Manuel Olmos, presidente del Instituto. “Hoy se presenta formalmente i-ciudad, un ámbito profesional y plural. Un espacio de debate que convoca a la confluencia y colaboración de todas las voces, para generar informes y documentos que aporten a la ciudadanía y a los tres poderes de gobierno desde una perspectiva amplia y participativa”, manifestó La Ruffa. Además, la Directora del área de Seguridad presentó a los profesionales que integran el Instituto, todos con origen académico y experiencia en la gestión pública, lo que garantiza “aportes concretos y valiosos para todos los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires”.
“La normativa que crea y da forma a la Ciudad tiene efectos sumamente perdurables en términos sociales. Lo mismo ocurre con las repercusiones en la forma material y en las dinámicas diarias de quiénes vivimos en la Ciudad”, afirmó Rosa Aboy, directora del área de Políticas Urbanas. Aboy manifestó que desde i-ciudad se apoya la idea de un cambio normativo ya que el Código de Planeamiento Urbano (CPU) actualmente vigente no tiene en cuenta, o peor aún ha propiciado, problemas de difícil solución tales como las disrupciones en la morfología urbana, el desplazamiento de los sectores medios de ciertos barrios, la destrucción del tejido residencial, políticas erráticas en relación con la cuestión patrimonial – sin incentivos a la preservación y con un criterio que valora edificios aislados por sobre paisajes urbanos y arbóreos – y también ha desatendido los problemas habitacionales de la población habitando en villas y asentamientos, entre otras cosas.

i-ciudad es un ámbito profesional y plural, un espacio de debate que convoca a la confluencia y colaboración de todas las voces, para generar informes y documentos que aporten a la ciudadanía y a los tres poderes de gobierno desde una perspectiva amplia y participativa.

La presentación del proyecto del nuevo código estuvo a cargo de Julián Santarsiero, Hernán Petrelli, Mariano Boeiro y Guillermo Tella, integrantes de la Subsecretaría de Planeamiento a cargo del arquitecto Carlos Colombo. “Nuestro objetivo es generar una normativa que permita que la Ciudad de Buenos Aires sea una metrópoli segura, integrada, disfrutable, sustentable y policéntrica”, indicó Petrelli. En esa línea agregó que para ello el nuevo código tiene que ser sencillo, transparente y accesible tanto para especialista como para la ciudadanía en general.
Entendiendo la complejidad que supone armar y redefinir un nuevo Código, Aboy inauguró la discusión aclarando que el objetivo de la jornada era discutir los mecanismos gubernamentales para atenuar la inequidad que supone una nueva norma, ya que “siempre existen ganadores y perdedores: el desafío para el Estado es reducir esas distancias”.

Dinámica de debate y conclusiones

Las mesas de discusión, coordinadas por Laura Rocha, directora de Ambiente y Desarrollo Sostenible, tocaron cuatro temáticas complementarias: vivienda, patrimonio, equidad y densificación.

Densificación

La mesa estuvo integrada por Rodolfo Diringer, presidente de la ONG SOS Caballito, Fernando Schifani, Arquitecto- Profesor UBA- FADU, Marta Albamonte, directora de Finanzas Públicas de i-ciudad, y fue moderada por Laura Rocha de i-ciudad. Entre las principales conclusiones a las que arribaron, se destacan:

  • El proyecto no cuenta con un estudio previo respecto de la cuestión ambiental y de la movilidad urbana, que son centrales para que una ciudad sea realmente habitable y deberían incluirse en el Código.
  • Los problemas y desafíos que presenta la densificación van desde la “hiperciudad” de algunos barrios a la “no ciudad” de otros. Esa plusvalía debería ser cooptada por el nuevo Código, cuyos resultados se verán en los próximos 50 años. En línea con esto, la redefinición de la altura de los corredores es fundamental para generar mayor cantidad de espacios verdes, contemplando también la utilidad de las tierras públicas, para llegar a un porcentaje de espacio verde por cantidad de habitantes que nos acerque a las grandes ciudades del mundo.
  • La escucha a los consejos consultivos de las comunas es fundamental para solidificar el debate. Consideran que el proyecto necesita más trabajo y debe ser acompañado de modificaciones en los códigos ambiental y de transporte.

Patrimonio

Integraron la mesa Cristina Fernandez, Arquitecta integrante del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), Santiago Pusso, vicepresidente de la ONG Basta de Demoler, Inés María Macagno, directora de la Comisión de Planeamiento de la Legislatura porteña y el periodista Daniel Gutman estuvo a cargo de la moderación. La mesa destacó cuatro puntos:

  • La protección patrimonial debe ir acompañada de políticas públicas que ayuden a los propietarios al mantenimiento de las viviendas.
  • Es importante crear nuevas áreas de protección vinculadas a paisajes urbanos y no a edificios en particular.
  • Es primordial finalizar el catálogo definitivo de edificios patrimoniales.
  • Las alturas máximas de los edificios no debieran ser el principal y definitivo criterio de alturas. Sería mejor pensar en zonas puntuales, tramos diferenciados al interior de los cuales se pueden definir alturas predominantes (no máximas) para los corredores urbanos. Esto permitir{ia tener en cuenta la diversidad de tramos y sus identidades culturales.

Equidad

Rodolfo Macera, Arquitecto y Planificador – Profesor UBA- FADU, la legisladora porteña por Nuevo Espacio de Participación (NEP), María Rosa Muiños, Eduardo Reese, Director del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el moderador Agustín Territoriale, Coordinador del Programa de Hábitat del Ministerio Público de la Defensa de CABA, conformaron la mesa que debatió en torno a la equidad y punteó las siguientes conclusiones:

  • El Código no avanza en dirección a tener una ciudad más igualitaria, sino que tiende a cristalizar y tal vez profundice algunas desigualdades.
  • La información cuantitativa en torno a la participación ciudadana brindada por el oficialismo no es suficiente. Es fundamental tener en cuenta cómo se dio esa participación, cuáles fueron los resultados de la misma, qué tipo de representatividad tiene.
  • La flexibilidad interpretativa que propone el proyecto puede generar mucha arbitrariedad. A priori no sería conveniente eliminar el procedimiento de audiencias públicas, sino todo lo contrario.
  • La lectura del proyecto supone que éste busca abrir fronteras del sur para el inversor inmobiliario, pensando más en equiparar el valor del metro cuadrado (se presenta al sur a partir de “nuevos parámetros de inversión”) y desestimando los derechos de los ciudadanos.
  • El “código morfológico” requiere mucha más interpretación de lo que supone, eso desvirtúa el debate y facilita el manejo discrecional.
  • El proyecto no entra en el debate de fondo, qué Ciudad para quién. Y, en esa línea, también sería importante considerar una escala metropolitana.

Vivienda

El equipo lo integraron Daniela Szajnberg, Arquitecta- Profesora UBA- FADU, Jonatan Baldiviezo, presidente de la ONG Observatorio del Derecho a la Ciudad, Federico Saravia, Presidente de Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (CESBA) y representante de ECO. Rosa Aboy fue la moderadora y quién compartió las siguientes conclusiones:

  • El déficit habitacional de CABA se integra con otros municipios metropolitanos y requiere preocupación y atención integrales.
  • La ciudad es un 70% vivienda y tejido habitacional y, para garantizar la pluralidad y la equidad, es fundamental mejorar las redes de transporte al interior de ese tejido.
  • La vivienda, salvo en el artículo 8 del Proyecto que refiere a villas, no está específicamente abordada en el Proyecto. Asimismo, hay asentamientos que deben incorporarse a la lista a urbanizar que no fueron tenidos en cuenta.
  • Existe una fuerte desatención en torno al déficit de vivienda: no se define qué sucede con todos los habitantes que no pueden acceder al mercado formal habitacional sin ayuda estatal. Hay que  pensar en los estímulos para que sectores medio/medio-bajos puedan acceder a la vivienda.  En el proyecto no se aclara qué tipo de Ciudad queremos: una de propietarios o una de inquilinos. Deben generarse más instrumentos públicos para evitar la gentrificación (proceso por el cual los cascos históricos de las ciudades pierden aptitud para su uso residencial) y que propicien poner en valor y respetar la mixtura social representativa de la CABA y que eviten desplazar a sectores medios y a las clases populares de la Ciudad.
  • Hay que pensar una ciudad productiva y no sólo de servicios y residencia.
  • En función de los inmuebles ociosos y abandonados hay que generar algún tipo de renta que se oriente en beneficio del bien común.