La Legislatura porteña tendrá que rever la normativa que aprobó en diciembre de 2021 porque contraviene varias normas, entre ellas, la propia Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 25675 General del Ambiente y el Plan Urbano Ambiental (PUA).
Publicado el 29 de abril de 2022
El pasado 20 de abril se conoció la noticia de que el Tribunal Superior de Justicia porteño (TSJ) había convalidado la Iniciativa Popular (IP) que logró recolectar 53.709 firmas de ciudadanos con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La IP había sido presentada el pasado 9 de noviembre de 2021 y solicitaba la derogación de la Ley N° 6.289, que previamente había habilitado la venta de Costa Salguero. La iniciativa ciudadana propone la creación de un parque público de acceso libre, gratuito e irrestricto en el predio de Costa Salguero y Punta Carrasco.
La Resolución del TSJ constituye un hecho histórico pues jamás una Iniciativa Popular había alcanzado tal número de firmas, lo que obliga a la Legislatura Porteña a un nuevo tratamiento. El único antecedente de una Iniciativa Popular en la Ciudad había sido la de quienes impulsaron el Parque Irala, hace casi dos décadas, pero en ese caso no fue necesario pasar por este largo proceso, ya que cuando se alcanzaron las 17.271 firmas, los legisladores dieron reconocimiento a la demanda de la ciudadanía y la convirtieron en ley.
Antes de la presentación de la Iniciativa Popular, el 2 de diciembre de 2021, la Legislatura porteña había dado aprobación a un proyecto para construir edificios de vivienda privada en Costa Salguero y equipamientos en Punta Carrasco. Este proyecto, impulsado por el Jefe de Gobierno de la Ciudad Horacio Rodríguez Larreta, generó un fuerte rechazo de distintos sectores de la ciudadanía -entre ellos vecinos, organizaciones profesionales de la arquitectura y miembros de ONGs- que decidieron hacer uso del derecho constitucional y recurrir a la Ley N° 40, que regula el procedimiento de iniciativa popular.
El desafío no fue menor porque la IP debía conseguir adhesiones equivalentes al 1,5% del padrón electoral. Después de cinco meses, el Tribunal Superior de Justicia porteño dio a conocer el resultado de la verificación de las firmas y según su Resolución, la iniciativa popular cumplió con el procedimiento y, por lo tanto, la Legislatura deberá darle tratamiento a la propuesta de la ciudadanía:
Se ha obtenido el número de firmas representativo del 1,5% del padrón electoral de la Ciudad, en los términos de lo dispuesto en el Artículo N° 11 de la Ley N° 40 y no han surgido irregularidades que superen el 10% de las firmas verificadas”, sostienen los magistrados Inés Weinberg, Alicia Enriqueta Ruiz, Luis Francisco Lozano, Marcela Da Langhe y Santiago Otamendi.
Lo que solicita la Iniciativa Popular, ahora validada por el TSJ, es que la Legislatura porteña revea la normativa que aprobó en diciembre de 2021 porque contraviene varias normas, entre ellas, la propia Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 25675 General del Ambiente y el Plan Urbano Ambiental (PUA) vigente y en proceso de revisión por el Poder Ejecutivo porteño. El reclamo de los promotores y firmantes de la IP se basa en la necesidad de dar respuesta a cuestiones ambientales, de accesibilidad al espacio público, de protección del bien común, de política portuaria y aeroportuaria, de protección del paisaje costero, todos temas que además quedaron expuestas en la multitudinaria Audiencia Pública donde la mayoría abrumadora de participantes manifestaron la oposición a la venta y urbanización de tierra pública costera.
En simultáneo con la publicación de la resolución del Tribunal Superior de Justicia porteño, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dio publicidad a lo que denomina “Plan integral de transformación y recuperación de la costa de la Ciudad para volver a disfrutar el río” que propone 8 hectáreas de parque en Costa Salguero, 3 hectáreas de playa y un memorial para las Víctimas de la AMIA. Tratándose de un predio de 63 hectáreas, esto significa que más de 50 hectáreas quedan disponibles para el proyecto inmobiliario, propiciado por el Poder Ejecutivo de nuestra ciudad, de venta y urbanización privada de viviendas y emprendimientos de lujo, desatendiendo el reclamo de acceso público y gratuito al borde costero, a través de un parque verde y público de escala metropolitana.
Al momento de escribir este artículo aún está pendiente el nuevo tratamiento legislativo del proyecto, promovido por la ciudadanía y validado por el TSJ. El Poder Ejecutivo deberá dar cuenta de este nuevo escenario antes de avanzar en políticas que pueden comprometer la sostenibilidad y la calidad de vida de los y las vecinas porteñas y de las generaciones futuras. La Legislatura Porteña tiene ahora en sus manos la posibilidad de corregir el rumbo, defendiendo las mejores tradiciones de la Ciudad de Buenos Aires, una ciudad faro, que ha alumbrado por generaciones la democratización de la calidad de vida a través de la creación y el mantenimiento de su espacio público y su espacio costero.
