La Ciudad no parece haber alcanzado condiciones económicas y/o técnicas para planificar, diseñar e implementar su estrategia de tratamiento a las personas privadas de la libertad por la Justicia local ni de seguimiento posterior al cumplimiento de la condena. ¿Qué tratamiento se le quiere dar a las personas privadas de la libertad? ¿Dónde alojarlas?

Publicado el 26 de abril de 2024

Por Dra. Silvia La Ruffa*

En los primeros cuatro meses del año se produjeron 12 fugas de las comisarías de la Ciudad. Observamos, cada vez con más frecuencia, que personas detenidas en comisarías se escapan y escuchamos como única respuesta el reclamo del gobierno local al Gobierno federal.

Esta historia empezó hace 20 años cuando el entonces Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación firmó con el Gobierno de la Ciudad el Convenio 13/04 para que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) brinde el servicio de tratamiento de condenados/as y de guarda, traslado y custodia de procesados/as, cuyo juzgamiento esté a cargo de jueces con competencia penal de la Ciudad de Buenos Aires.

En aquel momento unas pocas competencias jurisdiccionales transferidas al Poder Judicial de la Ciudad no ameritaban la consecuente inversión pública en un sistema integral local de tratamiento de las personas privadas de la libertad por cometer delitos en el distrito.  El principio de eficacia recomendaba una colaboración interjurisdiccional de este tipo. Con ese espíritu el convenio fue aprobado por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires (Ley Nº 1915).

Las competencias penales fueron en aumento y el propio convenio prevé que este acuerdo se mantenga solo hasta tanto la Ciudad se encuentrare en condiciones económicas y técnicas para habilitar sus propios establecimientos carcelarios o penitenciarios.

20 años después, 16 de los cuales son gobernados por el mismo signo político, la Ciudad no parece haber alcanzado esas condiciones económicas y/o técnicas para planificar, diseñar e implementar su estrategia de tratamiento a las personas privadas de la libertad por la Justicia local ni de seguimiento posterior al cumplimiento de la condena.  Sin embargo, continúa reclamando por la transferencia de todas las competencias penales que aún están a cargo de la Justicia Nacional ordinaria.

De esta forma, la Ciudad renuncia a su capacidad de definir el tipo de tratamiento que recibirán quienes cometen delito -un eslabón fundamental de toda política criminal que pretenda reducir delitos y violencias- ya que el convenio establece que es el SPF determinará el tipo de tratamiento que recibirán los/as internados/as

Esta situación se da a pesar de que la Ley del Sistema Integral de Seguridad Pública N.º 5688, aprobada en 2016, establece que tanto el sistema penitenciario como el servicio de reinserción social son componentes del Sistema y que, entre sus objetivos, se encuentran los de dirigir y coordinar los organismos de ejecución de la pena a los fines de lograr la reinserción social del condenado/a.

Al utilizarse todos los lugares que el SPF dispone para la Ciudad, el gobierno local decide utilizar comisarías y alcaidías para alojar personas detenidas por la Policía.  Lugares que están pensados para el alojamiento transitorio de las personas aprehendidas. Esto no es solo por la cantidad de metros cuadrados por persona detenida, sino que en esos edificios hay menos condiciones de seguridad, no está previsto el servicio de alimentación ni la atención médica, mucho menos acciones de educación, momentos de deportes o espacios para ocio. Y distrae al personal policial de las tareas de prevención e investigación.

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con 35 alcaidías, un Centro de Contraventores y destina espacios de las comisarías para alojar personas que se encuentran en conflicto con la ley penal o contravencional. Y además utiliza los cupos que le otorga el SPF en virtud del convenio de 2004.

De acuerdo a la Procuración Penitenciaria nacional, hasta el 31 de marzo de 2024, 2025 personas se encontraban alojadas en centros de detención no penitenciarios, de los cuales 1940 han sido detenidos por la propia institución y el resto por las fuerzas federales. De ellos, 1246 están en alcaidías que tienen posibilidad de alojar hasta 748 personas, 459 en comisarías vecinales cuya capacidad declarada es de 243 personas y 235 en espera de alojamiento, es decir, pasan las 24 horas del día esposados en oficinas, quinchos, lactarios u otros lugares dentro de dependencias policiales. Estos números significan un aumento del 63,5% respecto de febrero 2023.

El 96,8 % de las personas alojadas en estos espacios son varones, el 3,2 % mujeres y 0,1% personas travesti-trans.  El 57,9 % de las personas alojadas en dependencias de la Policía de la Ciudad se encontraba cumpliendo prisión preventiva, 28,5 % a la espera de resolución judicial y 13,6 % detenidos con condena. El tiempo promedio de permanencia en alcaidías es de 127 días, registrándose 970 días como máximo. El tiempo promedio en comisarías vecinales es de 60,4 días, 497 días como máximo. Las personas “en espera de alojamiento” permanecían en promedio 18,7 días en estas condiciones.

A esta situación de superpoblación y falta de definición respecto de la política local de tratamiento para las personas detenidas se suman propuestas de reformas legales que claramente aumentarán la población privada de la libertad tanto con condena como por prisión preventiva

Desde iCiduad nos preguntamos: ¿Qué tratamiento queremos dar a las personas privadas de la libertad? ¿Dónde las alojaremos? ¿La agencia encargada de la seguridad será la misma que la que se ocupe del tratamiento intramuros? ¿Cómo se hará el monitoreo posterior a la condena?

Es momento de que el Poder Ejecutivo, la Legislatura y el Poder Judicial convoquen a organizaciones de la sociedad civil, universidades, colegios de abogados y expertos/as a debatir qué modelo de reinserción social de las personas condenadas necesita y merece la Ciudad de Buenos Aires. La llamada “política penitenciaria” es un eslabón de la cadena de la política criminal tan importante como la prevención. Sin definiciones en ese sentido, no hay una verdadera política de seguridad y el reclamo por mayor autonomía quedará una proclama cosmética.

*Directora del área de Seguridad del i-Ciudad