Se trata de un análisis sobre el traspaso de recursos concretada en 2016, los gastos resultantes de las nuevas responsabilidades de la Ciudad y la controversia financiera judicializada.

El Instituto de Políticas Públicas para Buenos Aires i-Ciudad publicó el “Informe sobre la transferencia de los servicios de Seguridad desde el Gobierno Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, un análisis sobre el traspaso de recursos concretada en 2016, los gastos resultantes de las nuevas responsabilidades de la Ciudad y la controversia financiera judicializada.

El informe realiza un recorrido desde 2016, momento en que se modificó el coeficiente de coparticipación de la CABA como mecanismo de transferir los recursos derivados del pase jurisdiccional de atribuciones en materia de Seguridad, hasta la actualidad y los conflictos que posteriormente se desencadenaron entre el gobierno porteño y el nacional. El trabajo que se presenta analiza los sistemas de transferencia de recursos que hubo en este período para afrontar los gastos de los servicios transferidos.

Desde el punto de vista de los recursos, hasta la modificación introducida por el Gobierno de Mauricio Macri, regía el Decreto 705/2003 que fijaba el coeficiente a percibir por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -por el Régimen de Coparticipación- en 1,40% de la distribución primaria correspondiente al Gobierno Nacional. Este coeficiente se mantuvo durante 13 años.

El 5 de enero del 2016 se firmó entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad la transferencia de:

• 953 agentes, entre ellos oficiales, suboficiales, etc.
• Superintendencia  de   Seguridad   Metropolitana, Superintendencia    de Bomberos, Superintendencia de  Investigaciones con 400 agentes capacitados.
• Flota automotora de 1286 vehículos que incluyen automóviles, ómnibus, motos, autobombas.
• 76 inmuebles para comisarías, seccionales, estacionamientos, etc. Cabe señalar que 6 ya pertenecían a la Ciudad y 4 a privados “sin Título Perfecto”.

Estos recursos se sumaban a los que ya tenía el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Al momento de la transferencia, la Policía Metropolitana contaba con:

• 500 efectivos
• 153 patrulleros, 90 motos, cuatriciclos, utilitarios pesados, livianos.
• 2000 cámaras de videovigilancia
• 4 superintendencias (investigaciones, seguridad, comunicaciones y planificación).

Es decir, el Ministerio de Justicia y Seguridad ya disponía de recursos destinados a la seguridad previo a la transferencia que eran aplicados a lo más arriba señalado.

Con posterioridad a la firma del Convenio, se estableció un aumento en el coeficiente de la coparticipación asignado a la Ciudad, elevándolo a 3,75%. Esto es un 2,35% más.

Este cambio generó una mayor transferencia de fondos desde el Tesoro Nacional al afectar la distribución primaria. Para tener dimensión de los recursos percibidos por la Ciudad, en el año 2016 el incremento como consecuencia de la aplicación del nuevo coeficiente determinó un aumento de ingresos de $17.391 millones, un 13,54% del total del gasto del Gobierno de la Ciudad en ese año. Este valor surge de la diferencia entre la transferencia teórica si se hubiese mantenido el coeficiente en 1,40% ($10.361 millones) y el efectivamente transferido con el 3,75% producto del Decreto 194/16 ($ 27.752 millones). A partir de este valor inicial es que surge la discrepancia entre el Gobierno nacional actual y el Gobierno de la Ciudad”, se explica en el informe.

En este cuadro, se puede observar la evolución del incremento en la Coparticipación destinado a la Seguridad Interior en la CABA y los gastos en seguridad, de acuerdo a la información suministrada por el Ministerio de Seguridad Nacional para el año 2016 e indexado para los años subsiguientes.

En 2016, la diferencia entre la transferencia de Coparticipación y el gasto ejecutado, arroja un excedente de $9.344 millones. Para los años subsiguientes esta diferencia se mantiene si se proyecta el gasto a través de Índice de Precios de la CABA.

En consecuencia, el excedente acumulado hubiera resultado en $217 mil millones. Esto implicaría que existió una transferencia de recursos desde el Gobierno Nacional al de la Ciudad mayor al que fuera requerido para hacer frente a las obligaciones traspasadas.

El 7 de septiembre del 2020, el Poder Ejecutivo Nacional publicó el Decreto 735/2020 estableciendo la reducción del coeficiente de Coparticipación al 1,4% hasta tanto el Congreso Nacional sancionara una ley que regulara concretamente esta materia.

A partir de este cambio, el Gobierno de la Ciudad vio reducido el monto de Coparticipación que recibe de forma automática el Tesoro porteño y a la vez que se iniciaba el debate en el Congreso Nacional. La discusión gira en torno a los dos ejes principales: el monto base de recursos que deberá transferir la Nación a la Ciudad para hacer frente a los recursos transferidos y el mecanismo de actualización.

Finalmente, se sanciona la ley 27.606 que definía un mecanismo provisorio hasta lograr a un acuerdo entre ambas partes. El mismo establecía una suma anual de $24.500 millones a transferirse de forma mensual en 12 cuotas y una actualización trimestral de acuerdo a un índice compuesto en un 80% por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal Argentina y en un 20% por el IPCBA.

El acuerdo entre ambos Gobiernos nunca se concretó, lo que devino en causas judiciales que actualmente tramita la Corte Suprema de Justicia.