El Instituto de Políticas Públicas para Buenos Aires presentó el Informe Preliminar sobre Seguridad Pública en la Ciudad de Buenos Aires 2023 en un encuentro en el que participaron su presidenta, Marta Albamonte, su vicepresidenta, Rosa Aboy, Silvia La Ruffa, directora del área de Seguridad y Santiago Battista, director ejecutivo, Valentino Mascitti, Micaela Méndez y Adrián Famma.

Como invitados estuvieron Leandro Gamallo, investigador asistente del CONICET, profesor en la Licenciatura en Sociología (UBA), ex coordinador de prevención local del delito en el Ministerio de Seguridad de la Nación (2019-2021), co-coordinador del Grupo de Trabajo de CLACSO Vigilantismo, Violencia Colectiva y Gobernanza Securitari y del Grupo de Investigación sobre violencias en Latinoamérica en el Instituto de Investigaciones Gino Germani; Mariana Cecilia Fernández, investigadora del CONICET y docente de la Universidad Nacional de La Matanza, co-directora de GEVILA e integrante del comité editorial de la Revista Comunicación política y seguridad; Ariel Larroude, abogado especializado en Derecho Penal por la UBA, consultor en política criminal y analista delictivo, director del Posgrado en Política Criminal y Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UBA, ex director de Política Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación y asesor de dicha cartera ejecutiva; Santiago Zurzolo Suarez, abogado, especialista en derecho penal, juez de Tribunal en lo Criminal en Florencio Varela, profesor adjunto en FDer-UBA y posgrado UBA, UNLZ, UNSO, UNO, USI, UNLPam y Escuela Judicial del C. Magistratura PBA, miembro de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal, de la que fue revisor de cuentas suplente (MC) y Consejero Titular del Consejo Consultivo del Dpto de Derecho Penal y Criminología FDer-UBA por el Claustro de Carrera Docente; y Juan Bautista Libano, abogado y licenciado en Filosofía, especialista en Criminología y Derecho Constitucional con posgrados en Derecho Penal, Filosofía Política, y Filosofía del Derecho, docente por concurso de la Facultad de Derecho de la UBA en las cátedras de Elementos de Derecho Penal y Teoría General del Derecho.

La bienvenida estuvo a cargo de Albamonte que destacó la importancia de este espacio único en el que generan debates y materiales para la discusión con la participación de todas las voces, que enriquecen las herramientas que desde el i-Ciudad ponemos a disposición de toda la ciudadanía y son de uso público, como este informe preliminar del que, como principales puntos se desprende que respecto del 2022, para el año 2023 se verificó una duplicación de los femicidios y un aumento considerable del 15% en robos y hurtos, alcanzando en el caso de los delitos contra la propiedad la cifra más alta desde el 2016 a la fecha. Los homicidios por su parte se mantuvieron estables con un aumento de 89 a 91 en términos absolutos.

“Desde el i-Ciudad pudimos comprobar que para el año 2023, el aumento de la tasa de homicidios se verificó en las comunas 1, 8, 3 y 14 mientras que la baja se dio en las comunas 4,7 y 9. Independientemente de ello, año a año se observa que la violencia letal se encuentra altamente concentrada en los barrios populares de la Ciudad, siendo Barracas, Retiro y Flores los barrios de mayor violencia en toda la serie 2016-2023. La concentración de la violencia letal y extrema en las comunas del Sur de la Ciudad muestran un patrón que se repite año a año, y que incluso se ha comprobado en otros informes elaborados por este instituto, la alta correlación entre hacinamiento y NBI con la comisión de homicidios dolosos”, expuso Mascitti.

Además, agregó que en este informe preliminar, se verifica que, transcurridos ocho años de publicación oficial de estadísticas por parte del GCBA, se verifican falencias metodológicas respecto a la publicación de determinados delitos como lesiones dolosas o amenazas. En ese sentido, para el año 2022 las cifras publicadas por organismos oficiales (MPF; IDECBA; SNIC, entre otros) difieren sustancialmente de las cifras publicadas por el Ministerio de Seguridad, lo cual resulta confuso y poco prolijo en materia de tratamiento de información pública. “Es prioritario que el Ministerio de Seguridad pueda aclarar metodológicamente estas discrepancias en su carácter de autoridad de aplicación del  sistema de gestión de información de seguridad pública establecido por Ley n° 5688”, finalizó.

Leandro Gamallo preparó una exposición junto a Mariana Fernández de la que se destaca que el acercamiento comunitario es un factor muy importante en la contención social por el vínculo afectivo que se genera.

“Así como se concentra la riqueza en el norte de la ciudad, los recursos en educación y salud, la desigualdad también se refleja en materia de delitos. Un tercio de los homicidios de la ciudad se concentran en la 21 24 Zabaleta, 31 y 31 bis y la ex 11 14, donde solo vive el 7 por ciento de la población porteña. Las vulneraciones de derechos se vinculan con la violencia y la seguridad: represalia por préstamos informales, robos y la situación con los dealers en las villas”, remarcó.

En los barrios populares de CABA la tasa de homicidios sextuplica al promedio de la ciudad y el Gobierno de la Ciudad no tiene ningún plan para abordar estas violencias”, subrayó.

Además, enfatizó en la ausencia del Estado y de la policía en los barrios más vulnerables, ya que el 911 tarda mucho en generar una respuesta efectiva, no hay una presencia policial que se reconoce como una necesidad en el territorio, sumado la falta de un acercamiento más cercano y comunitario que imposibilita la contención de esta población.

Luego, Mariana Fernández agregó: “Las violencias interpersonales del sur de la ciudad son la punta visible de un iceberg compuesto por la vulneración de derechos por parte del Estado”.

Ariel Larroude expuso los puntos más destacados del libro escrito junto a Líbano y Zurzolo Suarez titulado “Narcomenudeo. Controversias entre lo que se persigue y lo que se castiga en la Ciudad de Buenos Aires”.

“Entre 2021-2022 se realizaron 414.519 procedimientos por infracción a la ley de drogas realizados por fuerzas policiales provinciales o federales. 283.351 fueron por los delitos de tenencia para consumo personal y tenencia simple, es decir, casi el 70% del total, mientras que sólo 33.880 de los procedimientos, el 8% del total, fueron por comercialización de estupefacientes”, detalló.

También añadió que mientras cada vez más jurisdicciones adhieren a la 26.052, todavía más alto es el consumo de drogas en Argentina por lo que se da que desde la sanción de la ley de desfederalización parcial, hay más policías persiguiendo el menudeo, pero, pese a ello, se dio un aumento exponencial del consumo de drogas. “En la misma sintonía, durante el año 2022, al MPF porteño ingresaron un total de 12.339 hechos vinculados al narcomenudeo en la ciudad, de los cuales se judicializaron solo 1.049 legajos”, agregó.

Por último, explicó: “Si se hiciera un repaso por los indicadores señalados respecto a las comunas con mayor cantidad de infracciones a la ley 23.737, en razón de los delitos vinculados a la desfederalización del narcomenudeo en CABA, estas comunas resultan ser las mismas que para el caso de los homicidios dolosos. es decir: las comunas 1, 3, 4, 7 y 8.

El encuentro sintetizó los distintos diagnósticos y propuestas para continuar trabajando por una ciudad con menos delitos y, sobre todo, menos violencia. Un paso más en la construcción de nuevas ideas y propuestas para mejorar uno de los problemas que persisten en la CABA.

 

 

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