Un análisis de la composición del gasto público, que permite conocer e identificar los lineamientos en el plan de gobierno estatal.
Publicada el 26 de julio de 2024 – Por Monserrat Neme
Las clasificaciones presupuestarias son fundamentales para sistematizar y organizar las transacciones públicas, agrupando recursos y gastos según criterios específicos, lo que permite un análisis objetivo de las transacciones del sector público. En particular, la clasificación por objeto del gasto es una categoría analítica o primaria que facilita el registro detallado de cada transacción, destacándose por su capacidad para estructurar bienes y servicios, transferencias y variaciones de activos y pasivos.
Con un alto nivel de desagregación, este clasificador se compone de incisos, partidas principales, partidas parciales y subparciales, permitiendo un registro único y preciso de las transacciones. Además de identificar los gastos con claridad, facilita la programación de adquisiciones, la gestión de inventarios y el control tanto interno como externo de las operatorias financieras del Estado. Asimismo, proporciona información importante sobre la demanda de bienes y servicios del Sector Público y es esencial para la contabilidad presupuestaria.
Para el año 2023, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó un presupuesto total de $2.224.180.234.531,00. Con las modificaciones presupuestarias, este monto se elevó a $3.140.712.030.075,85, de los cuales finalmente se ejecutaron $3.133.283.463.715,81, es decir, un 99,76% del total.
Cabe destacar que un 43,33% de la masa presupuestaria ejecutada corresponde al inciso de gastos en personal, encabezado por las jurisdicciones del Ministerio de Educación ($372,5 mil millones), el Ministerio de Salud ($318,1 mil millones) y el Plan de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia y Seguridad ($279,3 mil millones). Estos recursos estuvieron destinados en gran medida a la remuneración de la planta docente, el personal de salud y los agentes de las fuerzas de seguridad, respectivamente.
Por otro lado, el 26,14% del presupuesto se destinó a servicios no personales 1, lo que indica una clara tendencia hacia la tercerización de proveedores por parte del sector público. De los $819,1 mil millones devengados en este inciso, el desglose de las partidas parciales y subparciales muestra que más de la mitad se asigna a Higiene Urbana ($199,2 mil millones o 24,33%), Servicios de Comidas, Viandas y Refrigerios ($79,1 mil millones o 9,65%), Mantenimiento de Espacios Verdes ($76,7 mil millones o 9,37%), Servicios Profesionales, Técnicos y Operativos ($60,88 mil millones o 7,43%) y Publicidad y Propaganda ($40,7 mil millones o 4,98%). Estos números reflejan la tercerización de las tareas en los objetos descritos, donde el personal que brinda los servicios es contratado externamente por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA).
El 30,5% restante del presupuesto se distribuye entre los demás incisos. En lo que refiere a la capitalización del Estado, reflejada en el inciso 4 (adquisición de bienes de uso), representa un total de $282.6 mil millones, lo que equivale al 9,02% del total del presupuesto. Del monto destinado a bienes de uso, el 74,3% se asigna a construcciones. De estas construcciones, la mayor parte se destina casi en igual proporción a bienes de dominio público (35,91%) y a bienes de dominio privado (31,07%). Las construcciones en bienes de dominio público están destinadas a la utilidad común, como calles, plazas y puentes. En cambio, las construcciones en bienes de dominio privado se enfocan en edificios para usos específicos, como oficinas, hospitales y viviendas, con acceso más restringido. Ambas incluyen ampliaciones, remodelaciones y reparaciones mayores para su mantenimiento.
El inciso 5 (transferencias) es particularmente complejo, ya que sus partidas parciales y subparciales incluyen clasificaciones que pueden estar destinadas tanto a gastos corrientes como a gastos de capital2. Los gastos corrientes, que ascienden a $387.1 mil millones, predominan sobre los gastos de capital, que son de $17.3 mil millones, representando un 95,7% contra un 4,2%, respectivamente.
Del total ejecutado en transferencias, que representa un 12,91% (404,4 mil millones), el 22,07% (89,2 mil millones) se destinó a gastos corrientes en Educación de Gestión Privada del Ministerio de Educación. A esto le sigue el gasto corriente para el Fondo Subte según la Ley 4472, que representa un 20,44% (82,6 mil millones), erogación que se desprende de Jefatura De Gabinete de Ministros. Este fondo se compone de diversos recursos, incluyendo ingresos por explotaciones colaterales (como publicidad y alquileres de espacios en las estaciones), contribuciones especiales, préstamos no reembolsables, legados y donaciones, entre otros. En contraste, las transferencias para financiar gastos de capital para la Expansión de la Red de Subterráneos representaron un 3,34% (13,5 mil millones).
En conclusión, casi el 70% del presupuesto total de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se destina a Gastos en Personal y Transferencias. Además, los gastos corrientes, por su naturaleza y por los bienes y servicios prioritarios para el Estado, superan ampliamente a los de capital. El análisis de la composición del gasto público permite conocer e identificar los lineamientos en el plan de gobierno estatal. La relevancia de estos factores en la configuración del presupuesto reflejan las prioridades y necesidades fundamentales que la administración pública se fija y la preponderancia que da a los problemas públicos sobre los cuales intervendrá. En otras palabras, muestra las prioridades de la gestión de gobierno.
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[1] Servicios no personales: refiere a los servicios contratados por el gobierno para asegurar el funcionamiento adecuado de los diferentes organismos estatales. Esto incluye mantenimiento y limpieza, alquileres, seguros, distribución de alimentos, entre otros.
[2] Los bienes corrientes y los de capital se diferencian principalmente en su propósito y duración. Los gastos corrientes incluyen partidas como los salarios del personal, materiales, suministros y servicios necesarios para el funcionamiento del estado, pagos de intereses y transferencias que no requieren reembolso, como subvenciones y apoyo financiero. Estos gastos se consumen en un corto plazo y son esenciales para las operaciones diarias del gobierno. En contraste, los gastos de capital se destinan a la adquisición y construcción de bienes duraderos, como edificaciones, instalaciones y equipos, que tienen una vida útil prolongada y sirven para producir otros bienes y servicios. También incluyen transferencias para infraestructura y programas de vivienda, y la compra de inmuebles, acciones y bonos.
