Si bien la ley de Educación Ambiental de la CABA fue pionera, la cantidad de escuelas verdes en la Ciudad todavía no es suficiente para asegurar un mayor alcance en su implementación. Además, no hay indicadores que permitan medir su impacto.
Pubicado el 28 de abril de 2023 – Por Lic. Mariana Romano
En los últimos años en nuestro país, se sancionaron un número de leyes ambientales de gran relevancia por las deudas que vinieron a saldar al menos desde la normativa y por la centralidad que los debates y reclamos ambientales tuvieron en el seno de la sociedad, configurando una agenda ambiental pública ineludible. Podemos mencionar la ley “Yolanda”, en honor a la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano que tuvo la Argentina, en 1973. También, la adhesión de Argentina al Acuerdo de Escazú, el cual es el primer tratado internacional ambiental de América Latina y el Caribe, y la sanción de lo que era una de las grandes deudas pendientes en la región: la ley nacional de educación ambiental integral, que, tras las discusiones incansables del proyecto en el Consejo Federal de Medio Ambiente y en el Ministerio de Educación, se terminó dictaminando en junio de 2021.
“La Educación Ambiental es un proceso fundamental que busca generar cambios en nuestra manera de entender y actuar en el mundo, y contribuir a la construcción de la sustentabilidad como proyecto social educativo. En este sentido, constituye una acción formativa para la vida que se enfoca en la formación ciudadana y el ejercicio del derecho a un ambiente sano y digno”
La Ley de Educación ambiental (EA) de la Ciudad de Buenos Aires y su carácter pionero
Sin embargo, la Ciudad de Buenos Aires sancionó mediante la Legislatura su ley (ley 1687/5) de EA en el año 2005, la cual representa un hito destacado en la historia de las políticas públicas educativas y ambientales del país, pero también de la región, ya que en contraste la ley nacional tardaría 16 años en sancionarse.
En países vecinos, como el caso de Chile, leyes de este estilo fueron promulgadas recién en 2009 incluida en la Política Nacional de Educación Sustentable durante el gobierno de Michelle Bachelet. En Paraguay es más tardío. Allí encontramos el marco normativo para la EA en el año 2018; o el caso de Uruguay que, si bien tiene una política en esta materia, se rige por el marco de la ley general del ambiente y de la ley de educación sin contar con una normativa específica. El caso singular es el de Brasil, el cual cuenta con un gran recorrido en materia de EA y su ley data de 1999 con el desarrollo del programa nacional de Educación Ambiental (ProNEA) el cual tuvo distintas actualizaciones desde 2005 a la fecha. En este caso, la ley de la ciudad pareciera más parecida a la experiencia de Brasil que a la nacional o la de sus vecinos.
En la escala provincial, si bien varias provincias cuentan con trayectoria y programas de educación ambiental amparados en la ley de educación general o de ambiente, no establecieron su propia normativa. Tal es el caso por ejemplo de la provincia de Buenos Aires o de Santa Fe. Por lo tanto, ya sea en a escala nacional como internacional se verifica el carácter pionero de sancionar una ley de este tipo en el año 2005.
En la Ciudad, la ley tiene como objetivo fundamental la incorporación de la educación ambiental en el sistema educativo formal y no formal, en todas las modalidades y niveles educativos, para promover un mayor cuidado y compromiso con el ambiente. La ley 1.687 establece la creación de un Consejo de Educación Ambiental para coordinar y desarrollar políticas y programas en materia de EA en la Ciudad de Buenos Aires. Además establece la obligatoriedad de incluir la educación ambiental en los planes de estudio de todas las escuelas públicas y privadas de la Ciudad de Buenos Aires, y la creación de programas específicos de educación ambiental en los centros educativos.
Para la educación no formal establece como prioridad la formación extra curricular y la difusión a través de medios masivos de comunicación. Es importante resaltar que las leyes que incluyen las demandas de la ciudadanía siempre construyen puentes para la construcción de conocimiento y la formación de una ciudadanía crítica, sin embargo es clave reparar en su forma de implementación para observar el grado de compromiso con su implementación real.
En este caso, además de los contenidos por curricula escolar, dicha ley encontró su formato de implementación a través de la creación del programa denominado “Escuelas verdes” (2010) el cual se implementó cinco años más tarde de su promulgación, dependiente del Ministerio de Educación del gobierno de la ciudad. Tiene como ejes el consumo responsable, la gestión integral de residuos, la contaminación de la Cuenca Matanza Riachuelo, el cambio climático, el uso racional de la energía y las huertas escolares.
El programa Escuelas verdes retoma experiencias previas como Sustainable Schools en Australia, Green School Award en Suecia, el propio Escuelas Verdes en China o el programa Eco-Escuelas de la Unión Europea. La primera parte del recorrido para esta política pública, se hizo de la mano de la Universidad de San Andrés, con su Programa de Educación para la Sustentabilidad (Sabattini y Ezcurra 2019) y la posterior creación a través de una resolución ministerial del “Reconocimiento a las escuelas verdes”.
Dicho programa tiene cuatro ejes los cuales se centran en la educación formal (desarrollo de contenidos, acciones de capacitación, de gestión ambiental y acompañamiento pedagógico) y jerarquizan el “tipo” de escuela verde a través de lo que llaman lazos ambientales, los lazos representan el nivel de compromiso que esa escuela alcanzó con la educación ambiental. Lazo Ambiental I refiere a la categoría Escuela Comprometida, Lazo Ambiental II a categoría de Escuela Abierta, Lazo Ambiental III a la categoría Escuela Consolidada y Lazo Ambiental IV que es el rango más alto a Escuela Multiplicadora, emulando un juego de la vida en torno a las distintas postas que hacen falta alcanzar para subir de nivel.
Es importante destacar que para ser una escuela verde solo hace falta participar en los contenidos elaborados para este objetivo realizando una inscripción voluntaria a través de un formulario online y comprometerse a llevar adelante proyectos ambientales y contar con un referente ambiental entre otras prácticas. Es decir, sumarse de modo autogestivo en la incorporación de contenidos, prácticas y estrategias pedagógicas que promuevan la educación ambiental. Esta propuesta está destinada a todas las escuelas de gestión estatal y privada, de todos los niveles (inicial, primario, secundario) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Actualmente se observa la existencia de 439 escuelas verdes entre el nivel inicial, primario y secundario en toda la Ciudad de Buenos Aires. Las escuelas verdes están concentradas en el eje geográfico norte y centro de la ciudad con menor presencia en la zona sur. Si tenemos en cuenta que en la Ciudad de Buenos Aires hay un total aproximado (entre gestión privada y estatal) de 2.500 establecimientos educativos, según registra el padrón oficial de establecimientos educativos, un total de 439 escuelas verdes es una buena noticia en términos de política educativa ambiental pero aún no sería suficiente para asegurar un alcance mayor en la implementación de la ley. A su vez aún no contamos con indicadores que permitan medir su impacto y por lo que se observa a pesar de ser un programa con más de 13 años de antigüedad son todavía pocas las escuelas que se encuentran en las últimas etapas que podríamos denominar como lazo III o IV, es decir consolidadas o multiplicadoras como se muestra en el gráfico 1 y 2.
Una ley tardía pero de carácter integral
La ley para la implementación de la EA de la Argentina se sancionó finalmente en junio de 2021, saldando una deuda histórica a nivel nacional con muchos sectores que trabajaron por muchos años para su obtención y estuvo basada en la Estrategia Nacional de Educación ambiental ya existente. Si bien también tiene por objeto la preservación de los recursos naturales y el uso sostenible que mejore la calidad de vida de la población, incorpora una visión integral. En la misma se vuelve preponderante la perspectiva de género y la articulación con los contenidos de Educación sexual integral (ESI), de hecho comparte área con esta última dirección en el Ministerio de Educación de la Nación. Contempla la perspectiva de derechos y amplía los objetivos de la EA en torno al reconocimiento de la diversidad cultural y las culturas de los pueblos originarios, la igualdad desde un enfoque de género y la participación ciudadana general.
La denominación de integral que es la novedad sustantiva hace referencia a la recuperación de los aportes del pensamiento ambiental latinoamericano y a los enfoques descolonizadores de la cual se nutre bajo el paradigma de la complejidad, la interdisciplinariedad y la transversalidad en la búsqueda del buen vivir. (Estrategia Nacional de Educación ambiental integral, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 2022)
Si bien la ley nacional es resultado de un andamiaje fortalecido y la institucionalización de los debates ambientales producto de la centralidad de los últimos años, presenta una renovación temática y otorga un rol central a la educación popular en ámbitos “no formales” pero comunitarios. Será tarea del futuro analizar el carácter de su implementación para esbozar algunas conclusiones sobre los aspectos a desarrollar en la educación no formal.
A modo de cierre podemos decir que es innegable que la Ciudad de Buenos Aires ha sido una referente en materia de educación ambiental. Sin embargo, aún quedan desafíos pendientes para una efectiva implementación. Los mismos podrían fortalecerse principalmente en lo que refiere al ámbito no formal, incorporando acciones de mayor peso en la ciudadanía junto a organizaciones de la sociedad civil y a entablar un diálogo de mayor articulación interjurisdiccional con el nivel nacional y metropolitano. Al mismo tiempo sería un gran aporte renovar la mirada integral aprovechando el impulso de la ley nacional y consolidar el sistema de Escuelas Verdes que actualmente solo se extiende al 18% de los establecimientos educativos.
Si bien la ley de EA de la Ciudad es un paso importante en la dirección correcta, es necesario continuar trabajando en su fortalecimiento y expansión para garantizar su efectividad y que llegue a todos los sectores de la sociedad de manera equitativa y justa para contribuir a la construcción de ciudadanía comprometida con el ambiente.
