– Por Laura Rocha –
La Ciudad de Buenos Aires, la metrópoli más importante de Argentina, es serpenteada por uno de los ríos con mayor carga de contaminación de América, el Riachuelo. El curso de agua baña las costas además de 14 municipios bonaerenses y a lo largo de su recorrido esparce los daños que provoca la polución en 8 millones de habitantes.
Desde la instalación de los frigoríficos en épocas coloniales las políticas públicas no logran revertir el deterioro ambiental y social que se refleja diariamente en las pútridas aguas.
En 2008 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo ordenando a los Estados nacional, bonaerense y porteño a sanear la cuenca transformando el caso en un leading case. Todo se originó con un grupo de vecinos, encabezados por Beatriz Mendoza, que vieron afectada su salud y recurrieron a la justicia. Hoy, 9 años después de aquella decisión judicial que incluía plazos y medidas estrictas a ser cumplidas, está muy lejos de ser una realidad. La explicación de este incumplimiento podría resumirse en la falta de voluntad política de que la situación se revierta. Hay casos en el mundo de ríos que atraviesan varios países y han sido saneados luego de que las sociedades se dieran cuenta de que los modos de producción post Revolución Industrial debían ser mejorados. Sin embargo, no sólo la ineficiencia política explica la situación.
El Riachuelo es un complejo entramado de jurisdicciones, instalaciones industriales de diferentes portes, necesidad social y corrupción.
Algunos números para darse una idea de la magnitud del problema:
- 16.000 industrias radicadas en la cuenca
- 17.700 familias que deben ser reubicadas
- Enfermedades no identificadas ni relacionadas con la contaminación
- 390 basurales a cielo abierto que acumulan 1,8 millones de metros cúbicos de residuos sólidos
Todos estos números son oficiales. Son los que aporta la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), un organismo tripartito conformado por orden judicial para llevar adelante la empresa de limpiar la cuenca. Las autoridades de este organismo son asumidas por representantes designados por los gobiernos nacional, bonaerense y porteño. Hace poco más de un año y medio que esos funcionarios pertenecen al mismo sector político. En ese lapso hubo cuatro cambios en la dirección del organismo oficial. Los controles a la Acumar, también por manda de la Corte, están a cargo de un Cuerpo Colegiado conformado por ONGs y el Defensor del Pueblo que lo encabeza. Pero el puesto de Ombudsman está vacante hace seis años. Las ONGs siguen trabajando. En su último informe las conclusiones son lapidarias. El tan promocionado acceso a la información pública está en deuda, según el relevamiento buena parte de los datos y relevamientos de la Acumar no se renuevan en el sitio web desde 2014.
En 2010 se elaboró el Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios en Riesgo Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo, que prevé 17.771 soluciones habitacionales. Sin embargo, su cumplimiento ha sido muy bajo. Sólo el 35% de los hogares han sido relocalizados”, dice el informe.
En lo que se refiere a contaminación industrial, el Cuerpo Colegiado sostiene que Acumar no ha sido eficiente. Aunque el organismo informa que el 45% de las industrias declaradas como agentes contaminantes ya han sido reconvertidas, no hubo una mejora en la calidad del agua o del aire. Porque, según el Cuerpo, continúan vertiéndose en la cuenca más de 1000 toneladas anuales de sustancias tóxicas, metales pesados e hidrocarburos.
Desde que asumió el nuevo gobierno en 2015 se anunció un endurecimiento en la normativa en cuanto a los vertidos industriales para mejorar la calidad del agua. Hace unos meses se presentó la nueva normativa, que parece, es peor que todas las anteriores.
“La nueva resolución adoptada por Acumar (N° 46/2017) permite verter en el agua sustancias como aldrin, clordano, DDT, dieldrin, endosulfan, endrin, heptacloro, lindano y paration, todas ellas prohibidas por la Convención de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, a la cual nuestro país ha adherido”, sostienen las ONGs.
En 1811 el Primer Triunvirato lanzó el primer programa de saneamiento de la cuenca. Doscientos años después el problema sigue sin solución. La central diferencia con la época colonial es que hoy, en esa zona donde la peste amarilla diezmó a la población en 1871, vive el 20% de los habitantes de la Argentina.